Pasaron ya tres años y seguramente pocos lo recuerden pero, así como habían sido manipuladas las estadísticas oficiales de inflación o de pobreza, en el área de Educación también se hablaba
de un “Indec de la educación”. Los expertos denunciaban -entonces- extraños cambios en el diseño de las evaluaciones que impedían medir bien los aprendizajes, poca participación de los estudiantes, así como un gran atraso en la entrega de los resultados, que llegaban hasta los 4 años de demora, con lo cual no servían para diseñar políticas educativas.
Este fue el contexto con el que se llegó a 2015, con el termómetro roto y sin brújulas creíbles. La prueba Aprender fue la primera respuesta, frente a esta situación. Arrancó con todo. Y con toda la polémica, bien a la Argentina.
En el primer operativo, en octubre de 2016, el Gobierno interrumpió las clases para que las escuelas sólo se ocupen de la evaluación. Esto le dio mayor visibilidad al operativo y, por lo tanto, más espacios a los sectores opositores para que militen en contra de la evaluación. Se recuerdan los boicots de gremios, docentes y hasta algunos padres. Muchas personas, honestamente, desconfiaban de la utilización que iba a hacerse de los datos.
Había que generar confianza y poco favor le hizo el presidente Macri a esta causa cuando en marzo de 2017, en medio de un largo conflicto docente, preparó una conferencia de prensa en Olivos para anunciar –en forma personal- los (malos) resultados de la primera prueba.
El operativo siguió adelante y ahora, pronto, la prueba será tomada por tercera vez. Pero ahora con una novedad: ya no será en forma anual, sino cada 2 años. Aquí se divide la biblioteca: la mitad cree que es un paso atrás en una política que venía bien, otros encuentran argumentos técnicos para el cambio. Como sea, lo importante es conseguir el consenso más amplio para sostener una herramienta que permita obtener información pública que sea más transparente y sirva para la mejora.