Por qué seis empresarios zafaron de los procesamientos del juez Claudio Bonadio

juez y un remisero acusados por formar parte de una asociación ilícita armada para robarle como nunca al Estado argentino. Durante 12 años. Semejante mazazo judicial, dejó en un segundo plano al puñado de imputados que zafó de la guadaña del magistrado. Cinco, de modo temporario; les dictaron “falta de mérito”y seguirán siendo investigados. Uno, de modo definitivo; fue “sobreseído” y se lo libera de culpa y cargo.

Los cinco en los que -según el fallo- “no se ha determinado con el grado de certeza que exige esta etapa procesal si revisten responsabilidad primaria o no en los sucesos imputados” son Jorge Guillermo Neira, Héctor Sánchez Caballero, Roberto Armando Poblete, Héctor Alberto Zabaleta, Francisco Rubén Valenti y Osvaldo Antenor Acosta.

Como explica el magistrado, los une un denominador común: “Si bien se determinó que entregaron dinero a funcionarios del ex Ministerio de Planificación Federal, estas entregas fueron realizadas por pedido de sus superiores jerárquicos“. Obediencia debida versión cuadernos.

Raimundo Eduardo Peduto, en tanto, tiene más para festejar: Bonadio lo sobreseyó porque “si bien se encuentra acreditado” que alquiló uno de los vehículos desde los cuales se entregaron coimas, “las constancias incorporadas permiten establecer que no tuvo otra participación en estos sucesos”.

El rol de cada uno

Jorge Guillermo Neira

Como integrante de Electroingeniería S.A., una de las empresas que más se enriqueció durante el kirchnerismo, le hizo pagos a Roberto Baratta, el ladero del ex ministro Julio de Vido que se encargaba de recolectar las coimas.

Empezó a salvarse cuando, en una ampliación de indagatoria, su jefe, Gerardo Ferreyra, muy cercano al ex secretario K Carlos Zannini, aclaró: “Quiero hacer una salvedad respecto a Jorge Guillermo Neira. Él era un director de la empresa, un empleado jerárquico. La mayoría de las veces este aporte le pedí que, físicamente, lo entregara él”.

Neira, consta en la causa, era “director legal y comercial” de la compañía, y fue uno de los primeros detenidos. De entrada, se negó a declarar. Luego se convirtió en arrepentido y fue liberado.

Héctor Javier Sánchez Caballero

Uno de los casos que generó más revuelo, pues se trataba del CEO de la constructora que perteneció a Franco Macri -padre del Presidente- y luego quedó en manos de su sobrino, Angelo Calcaterra. Sánchez Caballero venía con un antecedente denso: ya había sido involucrado en la causa Odebrecht, el escándalo de coimas que arrancó en Brasil y tuvo repercusiones internacionales, incluida la Argentina.

Fue otro de los primeros detenidos, en aquel histórico 1° de agosto. En su caso zafó por la declaración como arrepentido del propio Calcaterra, uno de los testimonios más esperados de la causa. El primo presidencial aseguró que Sánchez Caballero cumplía órdenes.

Sánchez Caballero también se arrepintió y terminó liberado: fue el segundo empresario en confesar, luego de Juan Carlos de Goycoechea, ex titular de la filial argentina de Isolux.

Roberto Armando Poblete

Gerente comercial en el grupo EMEPA (o más conocido como Grupo Romero, por el apellido de sus dueños), con negocios que van desde la publicidad hasta la explotación de ferrocarriles urbanos y de la Hidrovía.

Similar a Sánchez Caballero y Neira: lo detuvieron de entrada y mejoró su situación cuando se presentó en Comodoro Py para arrepentirse su superior, en este caso Gabriel Benjamín Romero.

En uno de los tramos del fallo, dice directamente que Romero “le ordenó a Poblete ejecutar el pago”. Se refiere a una coima. El propio Romero, en su declaración, lo identifica como “mi hombre de confianza”.

Héctor Alberto Zabaleta

Es quien hizo las entregas de dinero por parte de Techint. Pero, según consta también en el fallo, pagó esas coimas a funcionarios K “por indicación de Luís María Cayetano Betnaza, quien fuera Director Institucional del grupo”. Al menos algunos de esos pagos, Zabaleta los realizó en el propio edificio de la compañía.

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Betnaza admitiría luego: “En razón de la situación que estábamos viviendo en Venezuela (la expropiación de Sidor), le doy instrucciones de Zabaleta para que haga los pagos.. Quiero aclarar que Zabaleta era una persona de mucha confianza en el Grupo, si bien no tenía una posición ejecutiva porque estaba retirado, seguía realizando los temas personales de todos nosotros, digo mío y de los accionistas”.

Más coincidencias: de entrada, como detenido, Zabaleta se negó a declarar. Luego se ofreció como arrepentido.

Francisco Rubén Valenti

Del grupo “IMPSA S.A. – Industrias Metalúrgicas Pescarmona”. Es uno de los que contó que ex funcionarios K les dijeron que algunos de los pagos -de sobornos- eran “para Kirchner”. Varias de las entregas las hacía en un hotel.

También detenido, a fines de agosto Valenti decidió “arrepentirse”. Pero Bonadio decidió su liberación cuando el que se acercó a declarar fue el propio Enrique Pescarmona.

Osvaldo Antenor Acosta

Integraba Electroingeniería. En su caso, la falta de mérito tiene explicación particular. Dijo Bonadio: “De las constancias incorporadas no surge que haya efectuado los pagos, pero por su posición como accionista mayoritario en la empresa Electroingeniería corresponde profundizar la investigación”.

Y sigue: “Hasta el momento no surge con claridad el alcance de sus participaciones en las respectivas empresas que prestaban funciones y por lo tanto en la maniobra delictiva cuestionada. A tal efecto, correspondería llevar adelante medidas de prueba tendientes a profundizar la investigación, cuyos resultados podrían repercutir en la valoración de sus responsabilidades”.

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Fue uno de los empresarios que decidió dar un paso al costado en la compañía para intentar mantener los negocios con el Estado. En el caso de Electroingeniería, el Gobierno decidió sin embargo correrla de las millonarias represas en el Sur.

Raimundo Eduardo Peduto

El único que fue sobreseído. Así lo explica el fallo: “En cuanto a su responsabilidad en los sucesos considero que corresponde adoptar un temperamento desincriminatorio, en razón de los argumentos que seguidamente se desarrollarán, a la luz de su participación en los hechos investigados”.

Continúa: “Respecto del nombrado (por Peduto), si bien se encuentra acreditado que alquiló el vehículo dominio LUY 230, desde el cual se entregó dinero a Nelson Lazarte, las constancias incorporadas permiten establecer que no tuvo otra participación en estos sucesos”.

Quien le pidió alquilar el vehículo fue Jorge Balán, de industrias Secco, quien terminó procesado sin prisión preventiva.