El Gobierno tiene definido enviar el próximo viernes al Senado el proyecto del ley que servirá para suspender en 2019 y 2020 algunos puntos del Pacto Fiscal sancionado el año pasado.
La adenda fue acordada con los gobernadores opositores y sirve -en parte- para generar consenso entre los mandatarios provinciales para el tratamiento del Presupuesto 2019.
En la hoja de ruta diseñada por el ministro del Interior Rogelio Frigerio -encabeza la negociación política del Ejecutivo con gobernadores y bloques opositores- y el titular de Diputados, Emilio Monzó, figura que el proyecto de adenda será tratado en comisión el miércoles de la semana que viene.
El oficialismo se entusiasma con darle media sanción en la Cámara alta a más tardar en la última semana de este mes o en los primeros días de octubre. El objetivo es poder sancionarlo en Diputados el 14 de octubre, en la misma sesión en la que el oficialismo aspira a votar en la Cámara baja el Presupuesto 2019. Ambas leyes están atadas entre sí.
El gobernador San Juan Sergio Uñac con el de Santa Fe, Miguel Lifshitz, este martes en Rosario. Hay dudas sobre si santafesino acompañará la adenda. Foto: José García.
El Gobierno quiere sancionar la ley de leyes a mediados de noviembre, antes de la cumbre de Presidentes del G20. Además, busca una sanción rápida para enviar una señal de gobernabilidad a los mercados, que sirva para estabilizar el dólar y reducir el riesgo país, uno de los índices al que más atención le prestan en la Casa Rosada.
La adenda compensa a los gobernadores por el ajuste de $100 mil millones que deberán hacer, y que incluye la absorción de las competencias de subsidios al transporte y de la tarifa social de electricidad. La votación en el Senado será a libre abierto, por lo que el acuerdo suscrito entre Frigerio y los gobernadores podría ser modificado en el recinto.
Desde el jueves hay un desfile constante de mandatarios provinciales por la Casa Rosada. Hasta ahora solo suscribieron el acuerdo los opositores de mejor diálogo con el Gobierno, pero el ministro del Interior está confiado en que 18 ó 19 gobernadores firmarán la medida. Resulta vital para concretar ese pronóstico, la decisión del Ejecutivo de compensar la desaparición del fondo sojero con un giro de $4.125 millones para provincias y municipios.
El salteño Juan Manuel Urtubey fue el primero en firmar. Le siguió el chaqueño Domingo Peppo. Entre el fin de semana y el lunes fue el turno de los los oficialistas Horacio Rodríguez Larreta (CABA), Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y el opositor Hugo Passalacqua. Este martes pasaron por la Rosada Gustavo Bordet (Entre Ríos) y Omar Gutiérrez (Neuquén).
El cordobés Juan Schiaretti haría lo propio este miércoles, igual que Alberto Weretilneck (Río Negro) y Mariano Arcioni (Chubut). La rúbrica de la agenda debe estamparse en papel, a la vieja usanza; por lo que Frigerio podría volar a varias provincias para que los gobernadores firmen.
Reunión de Mauricio Macri con gobernadores en la Casa Rosada, la semana pasada.
Alberto Rodríguez Saá (San Luis) y Carlos Verna (La Pampa) ya están descartados. No firmaron tampoco el consenso fiscal del año pasado. En amarillo figuran el tucumano Juan Manzur, el formoseño Gildo Insfrán y el santafesino Miguel Lifschitz. En la Rosada confían en que Rosana Bertone (Tierra del Fuego) y Alicia Kirchner (Santa Cruz) terminarán suscribiendo el acuerdo.
Quienes no firmen quedarían fuera de los beneficios fiscales de la adenda: la postergación de la reducción del Impuesto a los Sellos, un mecanismo para que la ANSeS gire mayores anticipos a las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales, entre otros.