El juez federal Claudio Bonadio descartó el argumento de los empresarios procesados este lunes en la llamada “causa de los cuadernos” de que se hayan visto obligados a pagar sobornos por
presiones de funcionarios o allegados del gobierno kirchnerista.
En su extensa resolución de más de 500 páginas, el juez sostuvo que “no pueden tenerse por válidos los argumentos relativos a las presiones sufridas”, que adujeron los representantes del empresariado, “dado que las empresas involucradas fueron beneficiadas por contrataciones con el Estado Nacional”.
De acuerdo con el magistrado, esa actitud de los directivos de firmas alcanzados por su resolución realimentó -tal el verbo que usa Bonadio en su prolongado texto- “este circuito macabro” de las maniobras de pago y cobro de coimas descriptas en el mismo.
Según el juez, la “motivación” de los hombres de negocios procesados y varios de ellos aún detenidos fue la de “el lucro de participar de un sistema que expoliaba los bienes del Estado amañando licitaciones con fuertes sobreprecios”.
Para ello, el magistrado no sólo se basó en las declaraciones de los arrepentidos, como el ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) Carlos Wagner, sino hasta en la que también prestó en esa condición uno de los ejecutores de las maniobras, el financista Ernesto Clarens.
Bonadio citó en su resolución, difundida por el Centro de Información Judicial (CIJ), que el propio Clarens dijo en la causa que las supuestas presiones que se le endilgaron son “absolutamente inconsecuentes con la cartelización previa” de la obra pública, de la cual, aseguró el financista, los empresarios “obtenían beneficios en forma voluntaria y entusiasta”.
“Muchos de estos empresarios y empresas se encuentran investigados a raíz de irregularidades detectadas por los órganos de control”, señaló Bonadio justo en el párrafo anterior en el que comenzó a describir el rol de los integrantes de la asociación ilícita descripta y con los fallecidos Néstor Kirchner y Daniel Muñoz como primeros mencionados.
Muñoz era el histórico secretario privado de Kirchner que adquirió propiedades en los Estados Unidos por cerca de 60 millones de dólares, según detectaron organismos de control como la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA).