La Cámara rechazó un planteo de Cristina Kirchner porque fue citada a declarar “en la ruta del dinero K”

ruta del dinero K”, la defensa de la ex Presidenta recusó a los camaristas al rechazar esa indicación al magistrado que instruye la causa, y que finalmente la citó para ser indagada. Pero los jueces se negaron a apartarse del caso. En el expediente, Lázaro Báez y sus colaboradores se encuentran detenidos hace más de dos años acusados de haber lavado 60 millones de dólares.

Los jueces Martín Irurzun y Mariano Llorens (este último intervino ante la disidencia con el camarista Leopoldo Bruglia) ordenaron el 31 de agosto que el juez Casanello cite a indagatoria a Cristina Kirchner, imputada como coautora de lavado de activos, tras la acusación del fiscal de la investigación, Guillermo Marijuan en junio de 2017.

La decisión se tomó después de una serie de pedidos de la Unidad de Información Financiera (UIF), de la Oficina Anticorrupción (OA) y del fiscal. Tras el rechazo del magistrado para citarla considerando que no había pruebas suficientes para hacerlo, la Sala II por voto mayoritario consideró que la ex mandataria no debía quedar afuera de la causa.

“La ruta del dinero K” es la causa por la que Báez está procesado como responsable de operaciones de blanqueos y exteriorización de dinero entre 2010 a 2013.

Cristina Kirchner rechazó los argumentos de la resolución de la Cámara, pero además presentó a través de su defensa la recusación de los camaristas Irurzun y Llorens por la determinación adoptada,es decir, por hacer lugar al reclamo de la UIF.

“El pedido de apartamiento no encuentra base que lo sustente, siendo que las discrepancias y agravios desarrollados por los recusantes deberán ser canalizados -de conservar interés- a través de las vías idóneas para tal fin en el momento procesal oportuno”, fue la respuesta de los camaristas.

La Sala II​ basó su orden para que Cristina sea indagada en la vinculación realizada judicialmente entre los expedientes donde se investiga a Lázaro Báez y a la ex Presidenta. Se trata de la causa por el direccionamiento de la obra pública, donde la ex Presidenta fue procesada como jefa de la asociación ilícita que favoreció con 52 contratos viales por 46.000 millones de pesos al Grupo Báez. Esto fue considerado el delito precedente de las operaciones de lavado de activos.

Pero además, se indicó que una porción de esos fondos fueron derivados al patrimonio ​de la familia Kirchner a través de otros negocios celebrados con Báez: el alquiler de habitaciones de los hoteles y la administración de los mismos (Hotesur SA) y los contratos de locación celebrados con Los Sauces SA (inmobiliaria de la ex Presidenta). La sumatoria en ambos expedientes -donde se investigó el lavado de dinero-arroja ingresos a favor de la ex familiar presidencial por más de 50 millones de pesos entre 2009 a 2015.

En dicha instancia, el juez ​Irurzun señaló que: “En todos los casos -marcados por grupos organizados para delinquir a través de defraudaciones al Estado, cohecho y lavado de activos- hay dos nombres que se repiten: Lázaro Báez y Cristina Fernández”.

En este sentido, recordó que según los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques (que investigaron la defraudación en obra pública y las causas por lavado de dinero), “ello se explica por la relación de “prestanombre” del primero con la segunda, porque dado el grado de exposición de quien entonces detentaba la primera magistratura del país el dinero o los bienes no podían quedar registrados a su nombre”.

Estas maniobras, resaltó Irurzun, “habría determinado que el enorme patrimonio de Lázaro Báez resultara muy superior al que proporcionalmente le correspondió a Cristina Fernández y su familia a través de los mencionados contratos de locación”, en relación al alquiler de los hoteles de la familia Kirchner que fueron administrados por el empresario K mientras ganaba obra pública nacional.