En diciembre 2015, María Eugenia Vidal explicaba, pesarosa, que el estado bonaerense estaba “quebrado” y no había recursos ni para pagar sueldos. Menos de tres años después, el peronismo, gobernante hasta
entonces, pide que se declare la emergencia social, alimentaria, sanitaria y de seguridad. Buenos Aires adquiere nuevamente el volumen de la crisis, presagia un adelantamiento de los tiempos políticos, mientras expone la necesidad de gobernabilidad ante los riesgos de eventuales desbordes sociales.
Desde las 18 de este lunes, en la Casa de la Provincia, una delegación del PJ conformada por intendentes del Conurbano plantea a representantes del Ejecutivo la emergencia “en todos los órdenes”. La prioridad establecida entre funcionarios y jefes comunales es la red de contención social en los distritos con ayuda de alimentos, entre otras medidas.
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Los ministros Santiago López Medrano (Desarrollo Social) y Joaquín de la Torre (Gobierno) reciben a la delegación con la instrucción de reforzar los planes de asistencia a las comunas. “Es la continuidad de las reuniones que venimos realizando” con los jefes municipales, según la explicación de López Medrano a Clarín. A fines de julio fue la última con los secretarios del área de las comunas, en la Gobernación. En aquel momento sonaban las alertas por las consecuencias de la devaluación y la retracción de la actividad económica. En ese mes, la caída de la producción industrial llegaba a 5,6% y la inflación era 3,1% con un acumulado del 19,6 en 2018. No hubo variantes hasta esta semana de setiembre.
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Por eso, María Eugenia Vidal resolvió en la reunión de gabinete la ayuda a comedores, Copa de Leche, Plan Más Vida, tarjeta para compras de alimentos y la AUH de Nación, además de variadas instancias de auxilio estatal. También instruyó a sus ministros para un ahorro de 1.000 millones de pesos en las partidas presupuestadas para destinarlas al área social. Fue en simultáneo con intentos de saqueos en Mar del Plata, Olavarría y Tres de Febrero, en todos los casos “nada espontáneos y limitados a conatos de delincuencia común”, según el informe oficial.
“Nadie imagina un escenario de esa naturaleza”, dijo López Medrano. La referencia es a eventuales saqueos.
“La Provincia, al igual que el país, vive una crisis en todos los órdenes y es deber del Estado arbitrar todos los medios para tratar se atenuarla y dar soluciones”, resulta el reclamó de Alberto Descalzo (Ituzaingó). Con él permanecen en la Casa de la Provincia los alcaldes de Hurlingham, Lomas de Zamora, Escobar, San Martín, Ezeiza y Merlo, entre otros. Verónica Magario (La Matanza) demorada.
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La comitiva del PJ había estado un rato antes en la Cámara de Diputados de la Nación para “insistir con el reclamo de que se les restituya el dinero del Fondo Sojero, eliminado unilateralmente por el presidente Mauricio Macri”. El jueves pasado los intendentes, agrupados en la Federación Argentina de Municipios (FAM) presentaron un amparo en la justicia Federal en procura de dejar sin efecto la resolución y luego fueron a la Casa Rosada a pedirle una entrevista al primer mandatario. Fue una movida política de posicionamiento, en búsqueda de un espacio gravitante desde la oposición. Magario, por caso, se asume como la candidata peronista a la Gobernación 2019. Desde esa representación partidaria todavía en discusión y abierta a unos pocos ensayos, suponen que la crisis económica abrió una posibilidad de alternancia.
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Nadie desconoce la gravitación todavía de Vidal en las encuestas, pero, aseguran, “se abrió un cauce de avería en el crucero macrista (por Vidal)”, de acuerdo con la presunción de los intendentes peronistas. Mientras, intentan acumulación de fuerza: se reunieron con la CGT Azopardo, cuyo triunvirato dio un fuerte apoyo al reclamo de devolución del Fondo Sojero y de declaración de la emergencia social en territorio bonaerense. El miércoles, a las 12, en el predio La Torcaza de Ituzaingó, esta previsto un encuentro de intendentes peronistas de la primera y la tercera secciones electorales, que representa el 67% del padrón electoral provincial.
“El eje será la crisis y sus graves consecuencias y el trabajo que realiza cada intendente en su distrito, ya que ahora los mayores esfuerzos estarán dirigidos a ayudar a los humildes y mantener la paz social”, anticipó Descalzo. Con su par de Hurlingham, Juan Zabaleta, estuvieron este fin de semana con el obispo de Morón, Jorge Vázquez, para pedirle que “la Iglesia católica se integre, como también a las otras religiones, a la Mesa multisectorial de Diálogo creada esta semana en Ituzaingo”. El objetivo es “optimizar todos los recursos estatales y privados para tratar de atenuar los efectos de la crisis que ya se vive dramáticamente en la Provincia”.
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Vidal también plantea la articulación de programas con la Iglesia. Desde hace un tiempo elabora estrategias de cooperación con Caritas y el Episcopado.