Enrique Pescarmona fue aceptado por el juez Claudio Bonadio como imputado colaborador en la causa de los cuadernos de la corrupción. El empresario firmó el jueves por la tarde el acuerdo
de colaboración con el fiscal Carlos Stornelli, después de que su directivo, Francisco Valenti había confesado sobre el pago de fondos ilegales al gobierno kirchnerista. Se ordenó la excarcelación de este último, preso hace 25 días.
El empresario y dueño de IMPSA, se convirtió en imputado colaborador que el expediente donde se investiga un entramado de sobornos por más de 200 millones de dólares. En esta causa, según la acusación formal del fiscal Stornelli, la estructura delictiva contó con la participación indispensable de directivos y ejecutivos cuyas compañías eran contratista del Estado.
La declaración como “arrepentido” y que fue homologada por el juez Bonadio, se realizó después de haber presentado el miércoles un escrito ante la Justicia en el marco de la causa de los cuadernos de la corrupción, para “ofrecerse a colaborar” y “ayudar” a Francisco Valenti, directivo de la compañía detenido hace 25 días.
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Ambos empresarios están acusados de ser partícipes de la asociación ilícita que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales, lo cierto es que tomó la decisión luego de que su directivo firmara el acuerdo como arrepentido. No se descarta que lo hubiera nombrado en su declaración. Valenti recuperó su libertad tras la homologación de ambos acuerdos de colaboración.
Valenti y Pescarmona están imputados como partícipes de la asociación ilícita comandada por Cristina Kirchner. El empresario está señalado de haber realizado pagos ilegales por 2,8 millones de dólares.
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Durante el kirchnerismo, la empresa buscó ganar el contrato de las represas de Santa Cruz, obra adjudicada a Electroingeniería cuyo presidente está preso y acusado de ser parte de la estructura de sobornos.
Enrique Pescarmona es dueño de la compañía que ganó una licitación de 520 millones de dólares para la fabricación de diez turbinas para la central hidroeléctrica de Tocoma. Un negocio que no salió como se esperaba y la empresa terminó endeudada en 1.100 millones de dólares.
En esta causa, según la fiscalía Valenti “realizó pagos por IMPSA SA, habiéndose reunido con Baratta en el hotel “Feir’s Park” en varias oportunidades: ocho encuentros en 2008. En 2009 le atribuyen cuatro entregas, una de ellas por 150.000 dólares y “una caja de vinos que Muñoz se lleva a Uruguay con una recaudación “. Agregan en la imputación: “En 2009 Baratta recibe 200.000 dólares”.
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Hubo otro retiro de fondos de similares características, también por 135.000 dólares. En una habitación del hotel se realizó, según el fiscal, “un pago de 700.000 dólares que Baratta recibió de Valenti”. En mayo de 2015, “Lazarte retira 1.500.000 de dólares” en el mismo lugar.
Al momento de determinar la operatoria de esta causa que rastrea coimas por más de 200 millones de dólares, el juez Bonadio indicó que se montó un aparato complejo desde el Estado comandado por Néstor y Cristina Kirchner.
El objetivo fue “procurar la percepción de sumas de dinero ilegítimas, por parte de diversos particulares, muchos de ellos, empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional”, indicó el juez de la causa.