Varios entes dependientes del Estado uruguayo se han visto en estos días con más movimiento de lo habitual, a raíz de los rebotes que los “cuadernos de las coimas” han tenido
en el país vecino. Esta causa, además, ha reavivado alguna investigaciones de expedientes de la “ruta del dinero K” de un lustro atrás.
La justicia, los servicios de la inteligencia de la Armada e Interpol se abocaron en las últimas horas, sin éxito, a la búsqueda de dos prófugos de la justicia argentina, los empresarios Oscar Thomas y Carlos Ferrari, vinculados a estafas durante las administraciones kirchneristas. La pesquisa incluyó tres allanamientos en diferentes puntos del este uruguayo: uno en Punta del Este, en un lujoso edificio de la avenida Roosevelt, en las proximidades de la parada 16; el otro fue en una chacra ubicada detrás del Cerro de Los Burros (tristemente célebre en Argentina por ser donde el sindicalista Marcelo Balcedo levantó su excéntrica mansión), a la altura de Playa Hermosa y Playa Verde; y el tercero fue un barco amarrado en el puerto de Piriápolis.
En estos allanamientos, tal como preveían los funcionarios judiciales y policiales, no pudieron ser capturados ningunos de los dos empresarios acusados por actos de corrupción. Tampoco arrojaron, según admitieron fuentes judiciales a Clarín, mayor información para dar con el paradero de Ferrari, ni tampoco con el de Thomas, por quien el Ministerio de Seguridad de Argentina ofrece $500 mil de recompensa para dar con su paradero.
En tanto, la Secretaría Antilavado de Uruguay investiga a 20 sociedades anónimas locales creadas (no solo en este país, sino también en Panamá y Liechtenstein) para comprar propiedades en pos de lavar el dinero mal habido traído desde Argentina. Según informó El Observador, la Secretaría Antilavado, que conduce Daniel Espinosa (exgerente de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay), logró ubicar una nueva propiedad, la cual aún se mantiene en reserva y será informada al fiscal en los próximos días.
Las fuentes citadas por el matutino montevideano adelantaron que también serán investigados los escribanos que participaron de la compra de esa propiedad. Es que de acuerdo a una ley de antilavado que rige en Uruguay, quienes participen como intermediarios en una operación “sospechosa” están obligados a denunciarla al Banco Central.