El Gobierno anunciaría hoy el fideicomiso para que no se derrumbe el programa de Propiedad Público Privada (PPP) y su ambicioso plan de obra pública. La iniciativa, que fue anticipada en
exclusiva por Clarín, en su edición del 19 de agosto surgió a raíz del escándalo de los cuadernos de las coimas y el cierre del financiamiento por parte de los bancos no solo a las empresas sospechadas.
Eso puso en riesgo la puesta en marcha de las obras en los seis corredores viales que se adjudicaron y que demandarán inversiones del sector privado por cerca de US$ 5.500 millones bajo la modalidad PPP. El tema es que las constructoras adjudicatarias armaron sus ofertas basándose en financiamiento internacional. Y desde que aparecieron los cuadernos, quedaron en el ojo de la tormenta.
De las cinco empresas adjudicatarias, tres estarían rozadas. A Helport, del grupo Eurnekian, se le adjudicaron los corredores viales E (cotizó 1.010 millones de dólares) y F (722 millones de dólares). El empresario Hugo Eurnekian, de Corporación América, reconoció ante la Justicia que esta empresa pagó coimas (habló de aportes a la campaña electoral) al ex secretario Roberto Baratta.
Cartellone tiene adjudicado el corredor C (US$ 801 millones). El nombre de esta empresa apareció en la declaración de Carlos Wagner. Pero el titular de la compañía, José Cartellone, negó haber pagado coimas.
Otra empresa mencionada por Wagner fue Vial Agro (le adjudicaron el corredor A, una obra de US$ 1.002 millones). En el Gobierno señalan que ya se comunicaron con la firma y que sus directivos aseguran que no tienen intención de presentarse como arrepentidos porque, aseguran, no han pagado coimas.
El fideicomiso estará administrado por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), entidad presidida por el ex ministro de Producción, Francisco Cabrera.
Este fideicomiso sería el que tomaría fondos prestados de aquellos bancos extranjeros que originalmente acompañarían los proyectos adjudicados a las constructoras hoy bajo sospecha.
Es decir, los bancos tendrían como cliente deudor al fideicomiso y no a las constructoras. Luego, el fideicomiso, tomando garantías adicionales a las que las constructoras entregaron cuando les adjudicaron los proyectos, girarían los fondos a las empresas para que estás puedan avanzar con las obras.
El fideicomiso otorgaría financiamiento en condiciones similares a las que los bancos venían negociando con las empresas previo al surgimiento del riesgo judicial por el tema cuadernos.
Los financiamientos ofrecidos tendrían contragarantías de las empresas, de la misma manera en la que los bancos las necesitan. Sólo que el financiamiento ya no estaría trabado por un eventual impacto de índole reputacional que afecte a las empresas debido a la causa de las coimas.