Al menos tres nuevos “arrepentidos” podrían presentarse esta semana a declarar ante el fiscal federal Carlos Stornelli para aportar datos en la causa de los llamados “cuadernos de las coimas” que
tiene en el centro de la tormenta a la ex presidenta y actual senadora Cristina Kirchner y ex funcionarios de los tres gobiernos kirchneristas.
Así lo dijeron a Clarín fuentes cercanas a la investigación, que añadieron que los “arrepentidos” o “imputados colaboradores” no corresponderían directamente ni al mundo de la política ni al empresario sino a la otra pata del tipo de maniobras investigadas por Stornelli junto a su fiscal Carlos Rivolo y el juez Claudio Bonadio.
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Los nuevos actores que circularán por los tribunales federales de la Avenida Comodoro Py, en el porteño barrio de Retiro, serían “corredores” de bolsa cuyos nombres habrían surgido de las declaraciones ya prestadas por otros dos empresarios de la construcción que se acogieron al programa que promete beneficios en una eventual condena a quien aporte información relevante para una causa en la que esté involucrado como imputado y no como testigo.
Operativo en la casa de Cristina Kirchner en El Calafate.
Se trata nada más ni nada menos que de Carlos Wagner, titular de la firma Esuco, históricamente ligada a la concesión de obra pública durante el kirchnerismo, y de Juan Chediack, de la empresa del rubro que lleva el nombre de su familia. Ambos están excarcelados y fueron presidentes de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) desde la cual, según la investigación de Bonadio, se “cartelizaba” la obra pública y se la repartía entre las empresas que aceptaban participar del esquema de sobornos que, según las pruebas recolectadas hasta el momento, habría existido durante el kirchnerismo.
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Mientras espera el informe escrito de los resultados del allanamiento a la casa de la ex presidenta en la localidad cordillerana de El Calafate, Bonadio también analizará los datos que se vayan conociendo de los estudios técnicos realizados por los especialistas de la Policía Federal en las otras dos propiedades de la senadora en Capital Federal y Río Gallegos.
Empresario Juan Chediack.
El magistrado aguarda además informes oficiales, más allá de eventuales adelantos verbales que haya recibido, de otros dos procedimientos llevados a cabo a su pedido pero en la República Oriental del Uruguay. Se trata de dos propiedades en las vecinas localidades balnearias de Punta del Este y Piriápolis atribuidas a los dos únicos prófugos que tiene la causa de los cuadernos. Ellos son el ex director argentino del Ente Binacional Yaciretá (EBY) Oscar Thomas y el empresario Ferrari.
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El procedimiento en Piriápolis estaría relacionado con un yate amarrado en el puerto de esa localidad, curiosamente el mismo en el que fue hallado ocho años atrás la millonaria embarcación atribuida al detenido ex secretario de Transporte y cuya titularidad nadie reclamó hasta ser incautada y otorgada a la Prefectura Naval para su uso en el patrullaje de las costas de los ríos en la lucha contra el crimen organizado.
Juez Bonadio.
Por orden de Bonadio, el viernes pasado también hubo procedimientos en los aeropuertos de Aeroparque, Ezeiza, El Palomar, San Fernando y Río Gallegos en búsqueda de información sobre los vuelos que hayan realizado a la capital santacruceña los involucrados en la causa. Ese día había trascendido un pedido de informes que el juez había hecho a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y a diversas dependencias gubernamentales sobre todos los vuelos realizados durante el kirchnerismo por la flota presidencial.
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Mientras tanto Bonadio trabaja en el dictado de la resolución en la que procesará a todos los involucrados como miembros de una asociación ilícita liderada por la ex presidenta, lo que podría ocurrir en los próximos días.