El viernes a última hora, el juez Claudio Bonadio publicó un resumen de la prueba recolectada en los pocos meses que lleva en marcha la causa de los cuadernos de las
coimas. Los números que contiene esa comunicación son abrumadores: 52 declaraciones indagatorias, 26 detenidos, dos prófugos, 17 arrepentidos y 70 allanamientos de casas de algunos de los funcionarios más poderosos del kirchnerismo y oficinas de buena parte de las empresas más importantes del país, entre las que se encuentran muchas con historia y desarrollo previo y posterior a la era K y otras que funcionaron como meras recolectoras de dinero público durante ese período.
La comunicación de Bonadio no tiene ningún efecto legal, pero sí le servirá al juez para preparar el terreno político para lo que ya se preanuncia: el procesamiento de Cristina Kirchner bajo la acusación de haber sido una de los jefes de una asociación ilícita de funcionarios y empresarios instrumentada para robar plata del Presupuesto Nacional. A ese procesamiento, más tarde o más temprano, se le adjuntará un nuevo pedido al Senado para quitarle a Cristina la protección que impide detenerla. Si Bonadio envía ese texto, la suerte de la ex presidenta quedará en manos de los senadores peronistas que ella misma ubicó la semana pasada en el bando de los traidores. No fue un disparo hecho sin apuntar.
Cristina sabe muy bien que no existe poder de la Nación que tenga un diálogo más profundo con los jueces que el Senado. Es allí, en la Cámara Alta, donde se decide el nombramiento de todos los magistrados nacionales. Todos los jueces le deben algún favor a algún senador, y los que llevan más años en sus puestos son los peronistas. Esa es la pinza, y no otra, la que mantiene atrapada a la ex Presidenta.