Cuando en Colombia se empieza tocar el tema de la corrupción se termina hablando de política. La idea está tan arraigada que los colombianos votarán mañana una consulta que pretende combatir
esa alianza y castigar con fuerza a funcionarios corruptos. “Ser corrupto en Colombia es hoy más rentable que ser narco”. La ex senadora Claudia López, promotora de la iniciativa, lanza la frase con la que quiere dimensionar este fenómeno en el país que más exporta cocaína en el mundo.
Para su aprobación, la iniciativa deberá reunir 12,1 millones de votos (la tercera parte del censo electoral) en un país donde el sufragio no es obligatorio y la abstención ronda el 50%. En 2016 un plebiscito, en apariencia popular como la consulta de hoy, fue rechazado por estrecho margen.
Dirigente del opositor Partido Verde, López promovió una propuesta anticorrupción que recibió el respaldo de tres millones de firmas válidas antes de que el Senado le diera luz verde este año.
“Tendremos la oportunidad, mediante voto popular, de darle un mandato de obligatorio cumplimiento al Congreso para que en máximo un año expida unas normas anticorrupción, que desafortunadamente siempre se han hundido” en el Parlamento, afirmó López a la AFP.
Aunque la corrupción es un monstruo de varias cabezas, la consulta -que deberá vencer la abstención electoral- apunta de manera directa a la clase dirigente cuando aún resuenan los ecos de la red de sobornos a políticos que extendió por la región la constructora brasileña Odebrecht.
Sin embargo, la iniciativa también despierta dudas sobre su eficacia para extirpar un “mal endémico que se incrustó en la sociedad colombiana”, como lo calificó el ex magistrado Juan Carlos Henao, rector de la Universidad Externado y quien en pasados días presentó una investigación sobre corrupción.
La consulta anticorrupción contiene siete mandatos que van desde el recorte de salarios de altos funcionarios, incluidos congresistas, hasta la eliminación del beneficio de casa por cárcel para condenados, así como el embargo de sus bienes. Un congresista recibe actualmente el equivalente a 10.000 dólares por mes y la rebaja sería del 37%.
La iniciativa también restringe el derecho a la reelección de cargos de votación popular (salvo la de presidente, que ya fue derogada) y obliga a los parlamentarios a transparentar sus actuaciones. Ahora estos cargos “tienen reelección indefinida, no rinden cuentas, tienen el monopolio del manejo del presupuesto público sin ningún tipo de audiencia pública con la ciudadanía”, remarca López.
En caso de ser aprobada, la consulta también prohibiría – según la dirigente – que una empresa condenada “vuelva a contratar con el Estado”.
Los cálculos “más conservadores” estiman que Colombia perdió el 4% del PIB por corrupción entre 1991 y 2011, un promedio de nueve billones de pesos por año (casi 3.000 millones de dólares al cambio actual), según el estudio de la Universidad Externado. En el Índice de Percepción de la Corrupción – que publica cada año la ONG Transparencia Internacional -, Colombia se ubica en el puesto 96 entre 180 países, siendo el primero el más limpio.