Este viernes por la noche, el Centro de Información Judicial (CIJ) publicó un informe del juzgado de Claudio Bonadio con un detalle en lo actuado hasta ahora en la causa de
los cuadernos de las coimas.
En el mismo, confirma “la existencia de una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales (incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, etcétera) y comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo Nacional (Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández) y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Julio Miguel De Vido), entre los años 2008 y 2015, procuraron la percepción de sumas de dinero ilegítimas, por parte de diversos particulares, muchos de ellos empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional”.
Para Bonadio, ya se obtuvieron indicios que “prima facie permiten sostener que, durante un lapso cercano a los ocho años –cuanto menos–, Roberto Baratta (subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal), Nelson Javier Lazarte (secretario privado del anterior), Hernán Camilo Gómez (funcionario de la subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal), Fabián Ezequiel García Ramón (Director Nacional de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio de Planificación Federal), Rafael Enrique Llorens (subsecretario Legal del Ministerio de Planificación Federal) y Walter Fagyas (presidente de ENARSA), efectuaron las cobranzas a distintos particulares, habiendo sido trasladados, en la mayoría de las oportunidades, en vehículos conducidos por Oscar Bernardo Centeno”.
Y revela detalles: ” partir de ello, y previo percibir el porcentaje que correspondiera a sus tareas, procedían a entregar los fondos recaudados a otros funcionarios, tales como José María Olazagasti (secretario privado de Julio Miguel De Vido), Hugo Martín Larraburu (Coordinador de la Unidad Ministro del Jefe de Gabinete de Ministros), Juan Manuel Abal Medina (Jefe de Gabinete de Ministros) y Héctor Daniel Muñoz (Secretario privado de la Presidencia de la Nación), quienes finalmente los derivaban a manos de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita: Néstor Carlos Kirchner, Cristina Elisabet Fernández y Julio Miguel De Vido.-
Además, el informe revela que ya se secuestraron en distintos allanamientos “mas de 250 obras pictóricas en posesión de dos imputados con un valor aproximado de $ 37.000.000 y $ 4.500.000”.
En el escrito también se da cuenta de otros secuestros de dinero en efectivo: “aproximadamente $ 6.350.000, más US$ 1.245.000 y € 235.000, como así también sumas de dinero expresadas en chilenos, uruguayos y reales, 9 armas de fuego, equipos de telefonía móvil y electrónicos y finalmente, una gran cantidad de rodados de diferentes marcas y modelos, muchos de ellos de alta gama”. Según lo publicado por el juzgado de Bonadio, en total y hasta el momento recibieron 52 declaraciones indagatorias, habiéndose logrado la detención de 26 personas, 11 de las cuales fueron puestas en libertad, subsistiendo 2 personas con orden de captura. Dentro de las personas imputadas, 17 declararon en calidad de arrepentidos, habiéndose formado los correspondientes legajos, siendo que por el momento se han resuelto 15 acuerdos de homologación en forma positiva.
