“La oposición aprobó en el Senado un proyecto de ley de extinción de dominio que no permite recuperar lo robadoya que no se podrá aplicar retrospectivamente. Ahora el proyecto regresa a
Diputados y esperamos poder insistir con la sanción original para cumplir el verdadero objetivo”. A minutos de la votación de ese polémico texto por el PJ y el cristicamporismo en el Senado, el jefe del interbloque Cambiemos en Diputados, el radical Mario Negri, ratificó en la madrugada del jueves que irán por la sanción del texto original.
La diferencia es sustancial: el texto de Diputados separa la vía civil de la penal para la extinción de dominio, por tanto cualquier fiscal podría iniciar acciones para recuperar bienes obtenidos a través de la corrupción, por ejemplo en el escándalo de los cuadernos de los sobornos.
Diputados, en junio de 2016, cuando se le dio media sanción al proyecto de extinción de dominio.
En el camino a la ratificación del texto de Diputados hubo una definición relevante, que Clarín adelantó días atrás: el Frente Renovador de Sergio Massa también insistirá con la media sanción del 24 de junio de 2016. “No vamos a entregar nuestra ley”, dijo enfática a este diario Graciela Camaño, la jefa de la bancada renovadora y coautora de ese proyecto junto a Massa.
Camaño indicó que no hay ningún acuerdo con el senador Miguel Pichetto para acompañar lo que salió del Senado, al que se acusó de haber dormido la ley por dos años largos.
“Les mandamos un caballo y nos devolvieron un perro”, cuestionó Camaño al texto aprobado en el Senado. Cuando se le preguntó por la mentada relación entre Massa y Pichetto, respondió: “Puede haber buen diálogo político pero estamos con nuestro proyecto. Ellos hicieron una ley de decomiso”.
Ante las críticas de los senadores a la media sanción de Diputados como “un mamarracho jurídico” e “inconstitucional”, Camaño sostuvo: “Nuestro proyecto no es improvisado, fue el trabajo de un equipo de diez personas. Los que hablan de inconstitucionalidad no tienen en cuenta que la Constitución de 1994 señala que la corrupción de los funcionarios es un atentado a la democracia”.
Massista Graciela Camaño.
En Diputados, la media sanción que consagra la vía civil para la extinción de dominio en 2016 tuvo 135 votos positivos, 50 negativos (el kirchnerismo y la izquierda) y 3 abstenciones. El FpV se opuso entonces con el mismo argumento de la “inconstitucionalidad”, en una sesión que también votó la ley del arrepentido, hoy con fuertes consecuencias en los cuadernos de las coimas.
Con la actual conformación de Diputados, Cambiemos (107), el interbloque massista (21) y el bloque de Martín Lousteau (3), ya pasarían la mayoría de 129 para sancionar la ley. Está por verse si el FpV y otros sectores de la oposición reúnen masa crítica para apoyar lo que devolvió el Senado, que no permite ir hacia atrás en la recuperación de bienes y ata la extinción a la sentencia penal, que en casos de corrupción llevan más de una década. Ya hay fuerte presión: el radical Luis Petri sostuvo que lo que salió del Senado “es una ley del perdón”, y la cívica Paula Oliveto afirmó que “Pichetto y Cristina se juntaron para una ley de extinción que no se aplica a la corrupción K”.
El peronismo no K del salteño Pablo Kosiner y Diego Bossio, en 2016 también contribuyó a la media sanción. Ahora no tomaron posición -se reunirán la semana que viene- pero en ese espacio sostuvieron con prudencia que no pueden “desconocer” los cambios que introdujo Argentina Federal en el Senado, su bancada “espejo”.
Sobre el número para insistir con el texto original, hay dudas sobre el bloque del FR, donde algunos de sus diputados se muestran más cerca de un armado panperonista. Sin embargo uno de ellos, Daniel Arroyo, le aseguró a Clarín que “vamos a fondo como bloque” con la ley de Diputados.
Radical Mario Negri.
Aún no hay fecha para el tratamiento, y el proyecto en segunda revisión deberá iniciar el camino de las comisiones. Se habla de la semana próxima.