A 20 días de que murieran dos personas por una explosión en una escuela de Moreno, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) ordenó a las empresas distribuidoras revisar las instalaciones
de gas “de todos los establecimientos educativos, oficiales y privados de todo el país, en todos los niveles existentes en su área, con el objetivo de prevenir accidentes”.
En la resolución 201/2018, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, Enargas instruyó a todas las licenciatarias del servicio de distribución de gas por redes a diseñar de forma coordinada con las autoridades educativas “un protocolo de verificación y un plan de acción” para realizar dichos controles.
Mientras la Justicia avanza en la investigación sobre la explosión que mató, el 2 de agosto último, a Sandra Calamano (48) y Rubén Orlando Rodríguez (45), vicedirectora y auxiliar de cocina de la Escuela Primaria N° 49 Nicolás Avellaneda del barrio San Carlos, de Moreno, distrito que cuenta con 275 escuelas que, desde entonces, permanecen cerradas, con 115.000 alumnos con actividades limitadas y desde sus casas.
El Enargas instruyó a las empresas a “diseñar un protocolo de verificación” y las inspecciones estarán a “cargo y costo” de las empresas y deberán coordinarse con “las autoridades educativas de su área licenciada”. La resolución publicada en el Boletín Oficial busca “causar los menores inconvenientes posibles” a la “actividad normal, sin resignar la seguridad” de establecimientos educativos y comedores.
Las empresas tienen como plazo hasta el 31 de octubre para presentar el “plan de acción para realizar, a su cargo y costo, inspecciones de seguridad a las instalaciones de gas de todos los establecimientos educativos”.
El Programa de Prevención a nivel nacional aspira a tener resultados, como tuvo en 2005 una iniciativa similar que apuntaba a investigar fugas de gas y otros eventos relacionados con la seguridad en 18.701 establecimientos educativos, y que motivaron -en aquella oportunidad- cortes de suministro y clausura de artefactos.
Justicia. Marcha de los vecinos de Moreno, quienes piden justicia por las dos víctimas fatales de la Escuela 49 Nicolás Avellaneda. Foto: Néstor García.
Esta iniciativa, hace trece años, permitió que las instalaciones quedaran en condiciones seguras de utilización. “Las estadísticas demostraron que los accidentes ocurren como consecuencia de artefactos con inadecuada ubicación, falta de mantenimiento, o con modificaciones no autorizadas en el mismo artefacto o en su instalación”, señala la normativa en uno de sus fundamentos.
Por otra parte, dicha medida “será independiente” del programa Revisión Técnica Obligatoria, que se efectúa de manera periódica “en el marco de las acciones tendientes a garantizar el uso del gas en condiciones de seguridad”.