Tres dirigentes peronistas de Río Negro que fueron condenados en junio de 2016 a seis años de prisión por un fraude al Estado de 2 millones de dólares pero que luego
fueron ser liberados en 2017, finalmente obtuvieron el sobreseimiento de la causa y ahora amenazan con iniciar demandas contra el Estado. Sin embargo, los jueces no evaluaron su responsabilidad en los hechos que los tuvieron como imputados sino el “tiempo” transcurrido en el proceso que supera la lógica judicial. Es que entre la denuncia y la condena pasaron 20 años.
La Cámara Federal de Casación Penal dictó el sobreseimiento de los dirigentes sindicales Walter Cortés, Ovidio Zúñiga y Víctor Carcar. Todos integrantes de la “vieja guardia” del PJ rionegrino y con fuertes la lazos con Néstor Kirchner y de mala relación con Cristina Fernández. Cortes es referente de los empleados de Comercio de la localidad, Goye fue el ex intendente destituido por orden de la ex presidenta en 2012 y Carcar el líder de la UOCRA en Neuquén.
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En su fallo los magistrados indicaron que “no puede hacerse recaer en el imputado la demora en la tramitación del proceso cuando el impulso diligente del mismo está a cargo del Estado”. Por lo que autores o no del fraude, los tres quedaron libres y sin macha hablando en términos legales.
Los gremialistas fueron condenados a prisión efectiva el 7 de abril de 2014 por el Tribunal Oral Federal de Roca. La pena se hizo efectiva en julio del 2016 en la penitenciaria de Esquel, Chubut. Pero ahora la situación tomó un giro de 180 grados. A partir de la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal los sindicalistas advirtieron que podrían iniciar acciones en contra del Estado por el proceso legal y el tiempo en prisión que soportaron. “Supongo que sí, aunque no hay apuro. Lo evaluaremos”, señaló Goye. “Está claro que hubo un perjuicio”, agregó. En tanto que Zúñiga dijo que lo consultará con sus hijos. Tampoco Carcar lo descarta.
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A casi 20 años del fraude del cual se los acusó, la queja de los abogados de los gremialistas es contra el extenso tiempo transcurrido hasta que hubo una pena efectiva. En diciembre de 2017 la Corte de Suprema de Justicia de Río Negro anuló la condena a los sindicalistas peronistas bajo el argumento de que no se respetó “la garantía del plazo razonable”. En otras palabras habían pasado demasiados años para que la causa se mantuviera en pie.
A los tres dirigentes se les acusa haber malversado 2 millones de dólares que estaban destinados a la construcción del Policlínico Arbos de Bariloche. De acuerdo a la acusación los subsidios enviados por Nación fueron derivados a la empresa fantasma “Surtsey SA” que estaba a nombre de Goye y del abogado Gonzalo Madrazo. Este último admitió su culpabilidad y recibió en un juicio abreviado tres años de prisión. La denuncia surgió en 1999. La investigación dio comienzo en 2002. La elevación a juicio fue en 2006. Se los declaró culpables en 2014 y la condena llegó recién en 2016.
