El escándalo por las revelaciones de las coimas en la obra pública no sólo impactará en la actividad económica y las inversiones ya demoradas, de acuerdo con las palabras de
funcionarios del Gobierno. También tendrá su efecto en el Congreso con el freno al proyecto de financiamiento de los partidos, impulsado por el Ejecutivo con la propuesta para habilitar los aportes de las empresas a las campañas políticas. Por la onda expansiva de las declaraciones de los ejecutivos en la Justicia, que derrumbó las posibilidades de tratarlo por ese punto, el oficialismo ya evalúa quitarlo o reformularlo para que pueda discutirse.
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“Lo estamos replanteando. El tema está muy sensible, ya hay varios bloques que dijeron que ‘no’ y vamos a ver de ir a un financiamiento más público o a un régimen mixto”, indicó a Clarín un funcionario que trabaja para la sanción del proyecto sobre el “contexto especial” por el desfile de empresarios que pidieron declarar como “arrepentidos” y admitieron pagos ilegales durante el kirchnerismo. Aun antes del escándalo el aportes de personas jurídicas -con un tope del 2% del total- ya era el punto más controvertido de texto, que también propone la bancarización absoluta de las contribuciones, mayores competencias y herramientas de control a la Justicia (como el paso de ocho auditores-contadores a 24 y los cruces de información) y un procedimiento en materia de sanciones, entre otros puntos. Por tratarse de una reforma electoral necesita mayoría especial, al menos 129 votos positivos.
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Los cuestionamientos se acumularon desde sectores de la oposición aunque también desde el seno de Cambiemos. El principal: Elisa Carrió. “El proyecto fija controles que no había pero la Coalición Cívica nunca aceptó aportes empresarios, ya era la parte más difícil y ahora hace más ruido todavía. Es momento de pensarlo, se puede rever”, confirmó a este diario un hombre de su confianza.
Elisa Carrió.
En el Frente Renovador y el peronismo federal sucedió algo similar, con mayor vehemencia en la crítica. “¿Con qué cara en medio de este escándalo se puede hablar de habilitar el financiamiento privado?”, descartó un legislador de Sergio Massa.
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El Gobierno apuró el envío del proyecto al Congreso como una respuesta por la denuncia de aportantes truchos -con beneficiarios de la AUH y monotributistas sociales- en la campaña bonaerense de Cambiemos en 2017.
Mauricio Macri apeló a la iniciativa en la conferencia de prensa de hace un mes en la Quinta de Olivos. “Es imprescindible modificar la ley con una propuesta que le dé transparencia al sistema y establezca controles más estrictos. El esquema de financiamiento es sólo un aspecto que estamos dispuestos a debatir”, insistió Adrián Pérez -secretario de Asuntos Políticos e Institucionales- sobre el interés del Ejecutivo. Con Rogelio Frigerio -ministro del Interior-, ya convocaron a diputados y analizaron posibles cambios para volver a impulsar el tratamiento.
Mauricio Macri.
¿El Gobierno podría aceptar el financiamiento público, como propuso en un proyecto Máximo Kirchner? “Tampoco nos vamos a dejar correr por él, da risa que ahora quiera transparentar el financiamiento de la política”, avisaron desde la Coalición Cívica, aunque en la Casa Rosada lo incluyeron entre las posibilidades.
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Un sector del peronismo ponderó el modelo de Salta -financiamiento público en gráfica, radio y televisión- y en el massismo indicaron que, de aceptar los aportes privados, propondrían crear un fondo de reparto para todos los partidos.
Máximo Kirchner con Andrés Larroque.
“Si esto sigue así el año que viene ningún empresario va a querer aportar ni $5”, ironizó un legislador oficialista.