En su tercera jornada de indagatoria, el empresario Aldo Roggio finalmente logró convencer al juez Claudio Bonadio de que los datos que aportaba eran suficientes para homologar el acuerdo que el
dueño de la constructora que lleva su apellido firmó el viernes pasado con el fiscal Carlos Stornelli, para convertirse en un “imputado colaborador” en la causa de las millonarias coimas reveladas por los cuadernos del chofer Oscar Centeno.
La homologación no se obtuvo fácilmente: Roggio se presentó a ampliar su declaración para lograr que lo considere un imputado colaborador. La primera información proporcionada no había sido suficiente. Es que en la causa ya hay más de diez arrepentidos, y quienes piden acogerse a este régimen deben aportar información cada vez más relevante para la causa.
En su declaración inicial ante el fiscal Stornelli, según pudo saber Clarín de fuentes judiciales, Roggio admitió que hizo pagos en negro para campañas electorales del kirchnerismo, aunque dijo que los hizo “bajo presión del sector político”.
En este contexto, el empresario negó haber aportado los fondos millonarios que se le adjudican como sobornos en los cuadernos de Centeno, y ante la fiscalía habló de “pagos aislados” aproximados de 100 mil dólares cada uno, según confiaron fuentes con acceso a la causa. Pero esos datos no habrían sido suficientes para Bonadio, y es posible que Roggio deba volver a declarar.
Como contó Clarín, la Justicia no cree en el planteo de los “aportes” y “contribuciones” y avanza en la hipótesis de las coimas. Así lo confirmaron fuentes judiciales a Clarín. La premisa es que “se recaudaban fondos ilegales” como parte de esta asociación ilícita que habría movido 200 millones de dólares. En el expediente dos arrepentidos ya admitieron que se trataban de sobornos: Carlos Wagner (ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción) y Claudio Uberti (ex funcionario kirchnerista).
El ejecutivo quedó imputado como partícipe necesario de la asociación ilícita por la que los principales directivos de empresas de primera líneas entregaban coimas millonarias, principalmente a Roberto Baratta, quien actuaba como mano derecha del ministro de Planificación, Julio De Vido.
Aldo Roggio se presentó espontáneamente después de ser llamado a indagatoria, para admitir que durante el gobierno kirchnerista su compañía aceptó realizar pagos de fondos ilegales. El fiscal Stornelli determinó en la acusación formal que la asociación ilícita que “comandó Néstor y Cristina Kirchner” cumplió con sus objetivos, porque contó con el aporte indispensable de los empresarios que, en un “sinnúmero de oportunidades” entregaron dinero por más de 35 millones de dólares.
La firma Roggio
Especializado en construcción de obras civiles, el grupo Roggio tiene 110 años de antigüedad. “No es una firma que cayó del cielo en 2003”, se atajan en la propia compañía respecto a la investigación judicial y la vinculación que en la misma se hace con el kirchnerismo.
En la actualidad, el grupo opera en rubros diversos. Además de la tradicional constructora, controla Metrovías, operadora del subte en la ciudad de Buenos Aires, así como Cliba, una de las empresas encargadas del servicio de recolección de basura porteño.
Empresarios investigados
Así, la causa avanza sobre los empresarios y las compañías, que comenzaron a ser investigadas por presunta evasión fiscal y lavado de dinero después de una reunión que el juez Bonadio mantuvo con Leandro Cuccioli, titular de la AFIP.
Hasta el momento hay más de 23 firmas de la construcción y del sector energético investigadas en este expediente y el listado se ampliará después que Wagner -ex presidente de la Cámara de la Construcción- al acogerse al régimen del imputado colaborador, señaló a otras once compañías que participaban del “sistema de coimas” que estableció Julio De Vido en el sector.
En este contexto, ya son nueve los empresarios que se convirtieron en “arrepentidos” admitiendo haber hecho el aporte de dinero para campañas electorales del Frente para la Victoria de 2013 y 2015. Wagner fue el único que admitió el pago de sobornos por parte del empresariado.
En la “carrera de los arrepentidos”, el que sí logró una de las sortijas que van quedando para obtener esa categoría fue el empresario Juan Chediak, ex titular de la Cámara de la Construcción.
En esta instancia de la causa, que cuenta con 15 detenidos y 38 imputados, la Justicia se encuentra corroborando los dichos de Centeno respecto a la operatoria, en la que se cobraron coimas que podrían superar los 200 millones de dólares.
Quiénes se arrepintieron
Hasta ahora, quienes se acogieron a la figura del imputado colaborador son Ángelo Calcaterra (ex dueño de Iecsa), Javier Sánchez Caballero (ex CEO de Iecsa), Juan Carlos De Goycochea (ex Isolux), Héctor Zabaleta (ex director de Techint), Armando Loson (Albanesi), Jorge Neyra (Electroingeniería), Claudio Glazman (Soc. Latinoamericana), Carlos Wagner (Esuco) y Roggio, Juan Chediak (José Chediak), Gabriel Romero (Grupo Romero).