Intendentes van a la Justicia por el recorte de fondos de Nación

donde, hasta acá, desde su creación en 2009, tuvo como destino específico las obras de infraestructura.

El “hachazo” fiscal, que estaba previsto para 2019 y se aceleró este martes con los decretos de Nicolás Dujovne, detonó una crítica política pero en estas horas avanzará a un plan más palpable: la Justicia.

Contra reloj, en la Defensoría del Pueblo bonaerense redactan la presentación, con anexo de datos para graficar el impacto presupuestario, que harán en conjunto con intendentes opositores.

Solo en 2018, la quita para los 135 distritos de la Provincia se estima en 520 millones de pesos. Para el 2019 rondará los $ 1.600 millones. Así lo acordaron el defensor Guido Lorenzino con intendentes, entre ellos Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Fernando Gray (Echeverría) y Gabriel Katopodis (San Martín).

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“La eliminación del Fondo significa menos obras para San Martín, menos recursos para que la Provincia se haga cargo de la Salud y la Educación, y que otra vez más seamos los municipios los que tengamos que invertir“, detalló Katopodis.

Gustavo Menéndez, de Merlo y jefe del PJ bonaerense, agregó a Clarín: “Desfinancian al primer mostrador del Estado para hacer buena letra con el Fondo Monetario Internacional. Es incapacidad para gobernar avanzan con el ajuste sin prestar atención a las graves consecuencias”.

Otro actor que se sumó fue la Federación Argentina de Municipios (FAM), que preside Verónica Magario, kirchnerista y jefa comunal de La Matanza. “Las asignaciones del Fondo Federal Solidario deben estar garantizadas en el presupuesto porque de lo contrario nos veremos obligados a hacer presentaciones judiciales para reclamar”.

“Así como logramos que suspendan el DNU contra las asignaciones familiares, ahora haremos lo mismo con esta resolución arbitraria”, aseguró la intendente del municipio más grande del país.

Así como lo harán los bonaerenses, también evalúan una demanda conjunta en Tucumán y lo anunció, hasta acá de manera puntual, el intendente de Resistencia Jorge Capitanich. Hay, además, malestar entre alcaldes de Neuquén y en Córdoba.

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La intendenta de Rosario, Mónica Fein, también cuestionó con dureza la medida.

La eliminación del Fondo Sojero, que para provincias y municipios implica perder 8.500 millones en lo que queda del 2018 y 26.500 millones el año próximo, produjo una reacción política desigual.

El Gobierno se defiende con un argumento numérico: admite que los municipios perderán 3.071 millones este año pero que, por aumentos de coparticipación, esa baja se compensa con que aumentará para los distritos en 22 mil millones.

A pesar que pierden más que los municipios, los gobernadores han preferido la cautela. No sólo porque Rogelio Frigerio y Sebastián García de Luca, ministro y vice de Interior, les anticiparon la medida y le pidieron comprensión, sino por una razón mucha más mundana: ese ajuste no les pega todo en las cuentas provinciales sino que un tercio lo deben absorber los municipios.

Juan Manuel Urtubey, de Salta, y Juan Manzur, de Tucumán, fueron de los pocos que públicamente reprocharon la medida. También lo hizo el neuquino Omar Gutiérrez, que habitualmente se mueve en sintonía con la Casa Rosada.

El decreto fundacional del Fondo Sojero fijó que el 30% de los recursos que por ese fin van a cada provincia se reparten automáticamente a los municipios. El hachazo fiscal ahora opera del mismo modo.

De hecho, del menú que Dujovne a través de su vice Rodrigo Pena hizo llegar a los ministros de Economía de las provincias, la eliminación del Fondo Sojero fue el que recibió el OK de casi todas las provincias.​

Paradoja. Hay dos distritos, habitualmente críticos, que esta vez no protestaron: La Pampa gobernada por Carlos Verna y San Luis por Alberto Rodríguez Saá.

Ambas, por no adherir al Pacto Fiscal 2017, quedaron fuera del Fondo Sojero por lo que ya habían dejado de recibir esos fondos. Con los nuevos decretos, ahora todos quedan en igualdad de condiciones: todas las provincias pierden.

La resistencia de los intendentes se puede convertir en un problema para los gobernadores que deberán amortiguar, financiera o políticamente, el efecto presupuestario del fin del Fondo Sojero.

La Casa Rosada tiene la herramienta para hacerlo: posee esa cuenta mágica llamada ATN (Aportes del Tesoro Nacional) que puede distribuir a discreción y que será, más tarde o más temprano, la vía para acolchonar el daño fiscal de la eliminación del fondo en los distritos “amigos”.

En rigor, a la vez que interactuó con los gobernadores, Frigerio montó una red de contención con los intendentes y en particular de las capitales de provincia. Del salteño Gustavo Sáenz al riojano Alberto Paredes Urquiza, de Ramón Mestre (Córdoba) a José Corral (Santa Fe).

Esa costura incluye, sobre todo, a intendentes peronistas como Raúl Jalil, que gobierna Catamarca, Enrique Ponce de San Luis y Enrique Cresto de Concordia, Entre Ríos, con los que la Casa Rosada mantiene relación directa, en general más allá de los gobernadores, y suele asistir con fondos y obras.