El empresario Aldo Roggio declaró por más de tres horas ante el juez Claudio Bonadio, quien ahora analiza si homologará el acuerdo que el dueño de la constructora que lleva su
apellido firmó el viernes pasado con el fiscal Carlos Stornelli, mediante el cual pretende convertirse en un “imputado colaborador” en la causa de las millonarias coimas reveladas por los cuadernos del chofer Oscar Centeno.
Cerca de las 16, después de conocerse que el ex funcionario kirchnerista, Claudio Uberti se convirtió en otro de los “arrepentidos” en el expediente, Aldo Roggio ingresó al juzgado de Bonadio.
En su declaración ante el fiscal Stornelli, según pudo saber Clarín de fuentes judiciales, Roggio admitió que hizo pagos en negro para campañas electorales del kirchnerismo, aunque dijo que los hizo “bajo presión del sector político”.
En este contexto, el empresario negó haber aportado los fondos millonarios que se le adjudican como sobornos en los cuadernos de Centeno, y ante la fiscalía habló de “pagos aislados” aproximados de 100 mil dólares cada uno, según confiaron fuentes con acceso a la causa. Pero esos datos no habrían sido suficientes para Bonadio, y es posible que Roggio deba volver a declarar.
En la “carrera de los arrepentidos”, el que sí logró una de las sortijas que van quedando para obtener esa categoría fue el empresario Juan Chediak, ex titular de la Cámara de la Construcción.
El ejecutivo quedó imputado como partícipe necesario de la asociación ilícita por la que los principales directivos de empresas de primera líneas entregaban coimas millonarias, principalmente a Roberto Baratta, quien actuaba como mano derecha del ministro de Planificación, Julio De Vido.
Aldo Roggio se presentó espontáneamente después de ser llamado a indagatoria, para admitir que durante el gobierno kirchnerista su compañía aceptó realizar pagos de fondos ilegales. El fiscal Stornelli determinó en la acusación formal que la asociación ilícita que “comandó Néstor y Cristina Kirchner” cumplió con sus objetivos, porque contó con el aporte indispensable de los empresarios que, en un “sinnúmero de oportunidades” entregaron dinero por más de 35 millones de dólares.
Así, la causa avanza sobre los empresarios y las compañías, que comenzaron a ser investigadas por presunta evasión fiscal y lavado de dinero después de una reunión que el juez Bonadio mantuvo con Leandro Cuccioli, titular de la AFIP.
Hasta el momento hay más de 23 firmas de la construcción y del sector energético investigadas en este expediente y el listado se ampliará después que Carlos Wagner -ex presidente de la Cámara de la Construcción- al acogerse al régimen del imputado colaborador, señaló a otras diez compañías que participaban del “sistema de coimas” que estableció Julio De Vido en el sector.
En este contexto, ya son nueve los empresarios que se convirtieron en “arrepentidos” admitiendo haber hecho el aporte de dinero para campañas electorales del Frente para la Victoria de 2013 y 2015. Wagner fue el único que admitió el pago de sobornos por parte del empresariado.
Según señalaron fuentes judiciales, a medida que avanzan las declaraciones de los imputados colaboradores, la “maniobra se va completando con más datos: muchos empresarios admitieron que pagaban en períodos donde no había campaña y que había presiones para garantizar la continuidad de sus compañías”.
En esta instancia de la causa, que cuenta con 15 detenidos y 38 imputados, la Justicia se encuentra corroborando los dichos de Centeno respecto a la operatoria, en la que se cobraron coimas que podrían superar los 200 millones de dólares.
Ya no importa si los montos condicen con lo que se volcó en los cuadernos del ex chofer, sino que todos están reconociendo que esta maniobra existió”, explicaron fuentes judiciales a Clarín.
Especializado en construcción de obras civiles, el grupo Roggio tiene 110 años de antigüedad. “No es una firma que cayó del cielo en 2003”, se atajan en la propia compañía respecto a la investigación judicial y la vinculación que en la misma se hace con el kirchnerismo.
En la actualidad, el grupo opera en rubros diversos. Además de la tradicional constructora, controla Metrovías, operadora del subte en la ciudad de Buenos Aires, así como Cliba, una de las empresas encargadas del servicio de recolección de basura porteño.
Hasta ahora, quienes se acogieron a la figura del imputado colaborador son Ángelo Calcaterra (ex dueño de Iecsa), Javier Sánchez Caballero (ex CEO de Iecsa), Juan Carlos De Goycochea (ex Isolux), Héctor Zabaleta (ex director de Techint), Armando Loson (Albanesi), Jorge Neyra (Electroingeniería), Claudio Glazman (Soc. Latinoamericana), Carlos Wagner (Esuco) y Roggio.