La denuncia formulada la semana pasada por la diputada Elisa Carrió contra el detenido ex ministro de Planificación Julio de Vido y el juez federal Ariel Lijo, entre otros, por conformar
una asociación ilícita presuntamente dedicada a encubrir actos de corrupción durante el kirchnerismo todavía no tiene juez que la investigue.
Esto es así porque el juez sorteado para intervenir en el caso, Sebastián Casanello, se excusó de investigar la denuncia por su relación con uno de los acusados, el ex camarista federal Eduardo Freiler. Antes de ser designado juez Casanello fue secretario letrado de la sala I de la Cámara Federal penal porteña que integraba Freiler y, más atrás en el tiempo, ocupaba el mismo rol en la fiscalía federal 6 que encabezaba el destituido magistrado.
Freiler fue hallado culpable en el juicio político que se le siguió por mal desempeño de sus funciones y apartado de su cargo en diciembre pasado. Carrió lo incluyó en su denuncia a partir de sus relaciones comerciales con Lijo y, sobre todo, el hermano de éste último, Alfredo Lijo, también acusado por la legisladora de haber integrado la asociación ilícita que pidió sea investigada.
La líder de la Coalición Cívica describió en su denuncia la relación entre Alfredo Lijo y el ahora detenido ex secretario privado de De Vido en el Ministerio de Planificación, José María Olazagasti. El hermano del magistrado admitió a la prensa ser amigo de Olazagasti, que se entregó a la Justicia el fin de semana en el marco de la causa por los “cuadernos de las coimas K”.
Carrió incluyó en su denuncia un audio en el que Alfredo Lijo le habría dicho en un bar a una interlocutora: “¿Alguna vez fuiste a Tribunales a llevarle plata a uno… a otro con miedo a que te peguen un tiro?”. En su denuncia, Carrió sostuvo que “cuando Alfredo Lijo reconoce en el audio que adjuntamos como prueba que él iba a Tribunales a llevarle plata a uno y a otro es una evidencia clara: habría traficado influencias a favor del ex ministro De Vido“.
“De Vido era el jefe y Alfredo Lijo era el organizador, es decir, el articulador entre los dos sectores que conformaban la banda: el sector de algunos jueces y fiscales a los que ten{ía acceso a partir de la relación con su hermano, el juez Ariel Lijo, y por otro lado, los empresarios o funcionarios que requerían de sus servicios para la obtención de beneficios en las causas”, escribió en su denuncia la líder de la Coalición Cívica y socia de la coalición de Gobierno de Cambiemos.
La denuncia de Carrió pasará ahora al juzgado vecino al de Casanello, el número 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi (el de Casanello es el 7), quien deberá determinar si su colega hizo bien en o no en apartarse de la causa. En caso de discrepancia, el asunto será remitido al presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, para que zanje la cuestión.
De acuerdo con fuentes judiciales, Casanello no adujo causal puntual alguna de las señaladas por el Código de Procedimiento Penal sino el “temor de parcialidad” que podría generar el hecho de que él haya compartido ámbitos de trabajo y hasta académicos con Freiler, en una situación jerárquica inferior respecto de uno de los denunciados.
En su presentación, Carrió también pidió que sean investigados -además de los hermanos Lijo, De Vido y Olazagasti- el actual jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad bonaerense, Marcelo Rochetti, supuesto socio comercial de Alfredo Lijo, a los empresarios Roberto Vignati -involucrado en los negocios paralelos con Venezuela durante el kirchnerismo- y Gustavo Cinosi -dueño del hotel Sheraton Pilar- y sus socios Ernesto Chalabé y Silvana Stochetti.