Cinco disparos y seis detenidos fue el saldo preliminar de la última noche antes del inicio del debate sobre las condenas a Los Monos, con el agravante de que
el tiroteo registrado durante la madrugada fue dirigido a una oficina judicial ubicada a metros de los Tribunales provinciales.
El tiroteo se produjo alrededor de las 3 de la mañana en Montevideo al 1900, donde se ubican las dependencias del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que hasta hace poco funcionaban como sede de la Fiscalía Regional 2.
A diferencia de los 12 ataques previos registrados tras la sentencia de primera instancia a miembros de la familia Cantero y sus allegados, en esta oportunidad la policía consiguió dar rápidamente con un grupo de sospechosos a los que atribuyeron los disparos.
Fuentes del Ministerio de Seguridad de Santa Fe indicaron que las fuerzas provinciales identificaron a un joven de 23 años como el conductor del Renault 9 desde donde partieron las balas que sólo provocaron daños materiales en la puerta y la fachada.
El auto fue divisado cerca Ovidio Lagos y Rueda en la zona oeste, y luego comenzó una persecución en la que dos de sus ocupantes se arrojaron del vehículo en movimiento. Además los policías declararon que hubo un tiroteo mientras iban en busca de los acusados hasta que finalmente dieron con ellos cerca del cruce de los bulevares Avellaneda y Seguí, a unas 50 cuadras del sitio del tiroteo.
Adentro del auto encontraron vainas servidas de proyectiles 9 milímetros, por lo que presumen que los disparos fueron efectuados desde el habitáculo.
Si bien la versión preliminar indicaba la presencia de otros cómplices a bordo de una motocicleta Honda Tornado blanca, desde la cartera que conduce Maximiliano Pullaro indicaron que los otros cinco demorados fueron capturados mientras intentaban robar una camioneta.
Este martes, el tribunal que preside Gabriel Sansó e integran Carolina Hernández y Bibiana Alonso examinará las 16 condenas y las tres absoluciones del juicio a Los Monos.
Lo hará bajo medidas de seguridad extremas, en un Centro de Justicia Penal blindado por una policía santafesina recargada a la que, para poder garantizar la labor de la Justicia, se le suspendieron las licencias y vacaciones.