En medio del descreimiento general sobre el presunto “atentado” ocurrido el sábado, el presidente venezolano Nicolás Maduro salió hoy a acusar del ataque al ex mandatario colombiano Juan Manuel Santos.
“Fue
el ex presidente Juan Manuel Santos quien dio la orden de preparar la acción terrorista para mi asesinato”, dijo Maduro durante un acto con 700 generales y almirantes en Caracas, que fue transmitido en cadena obligatoria de radio y televisión.
Según Maduro, Santos actuó en coordinación con el ex presidente del Parlamento venezolano, el opositor Julio Borges, “quien recibe la orden, los recursos, la logística, el apoyo y el plan” y “es quien asume la responsabilidad ante la historia de asesinar al presidente”, dijo.
Maduro salió ileso hace una semana de un supuesto ataque con drones cuando encabezaba un acto con militares en Caracas, que dejó siete heridos.
El episodio es confuso y, según la denuncia oficial, los drones hicieron detonar cargas de un potente explosivo cerca del palco donde se encontraba Maduro. Según las autoridades, la acción de los efectivos que protegen al presidente evitaron que resultara herido.
El gobierno culpó al diputado opositor Julio Borges de ser el ideólogo del ataque y ordenó su detención. Pero el legislador se encuentra en Colombia.
También detuvo a otro diputado opositor, Juan Requesens, y después de tener en prisión lo hicieron grabar un video donde confiesa que tras el atentado le ayudó a huir del país a un hombre que le pidió Borges.
Los venezolanos salieron a repudiar la detención de Requesens, quien fue exhibido en el video desnudo y con excrementos, para humillarlo.
Borges rechazó las acusaciones y denunció que “todo” lo que hace el Gobierno tras el atentado tiene la intención de “inyectarle miedo al país para que Venezuela no reaccione de una vez por todas y se termine de derrumbar”.
Ante las dudas que plantea el atentado, la Unión Europea demandó “una investigación transparente” de los hechos.
Además, trece de los 14 países que conforman el Grupo de Lima, entre ellos Brasil, México y Argentina, repudiaron la represión a opositores en Venezuela y reclamaron también una investigación transparente sobre el supuesto atentado.
Los firmantes, que pregonan una solución pacífica a la crisis venezolana, también “expresan su profunda inquietud por utilizar instituciones del Estado para perseguir a opositores, lo que evidencia una vez mas la ruptura del orden democrático y el quebrantamiento de la Constitución de ese país, contraria a la voluntad del pueblo venezolano”.