La Argentina camina sobre un fino hilo en sus aspiraciones a entrar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (la OCDE). Y la millonaria trama de corrupción que
explotó esta semana en torno a los funcionarios y empresarios que se enriquecieron de manera ilícita en la década kirchnerista expuso de manera explícita sus debilidades en el cumplimiento de la Convención para Combatir el Soborno a Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales, que en 2014 realizó fuertes críticas al país a través de sus informes oficiales.
Basta con recordar que siendo la Argentina un país firmante desde 1997, se cumplió con la sanción de la ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas -que controlará a las empresas- recién en octubre del año pasado. Es por demás un rojo para el país, ya que fue el último de los firmantes de la Convención antisoborno en aprobar dicha normativa, pese a que era la primera de las recomendaciones que se le habían hecho.
Ahora, en medio de escándalo de los cuadernos, sale a la luz el reclamo que hace semanas inició la Oficina Anticorrupción para que todos los organismos del Estado -incluyendo al Poder Ejecutivo de Mauricio Macri- realicen sus controles antisobornos, porque, si no se hacen, el país corre riesgo de no entrar a la OCDE. Para ello, se creó un grupo propio de seguimiento y exigencia a todas las instancias que deben cumplir.
“Argentina tiene que cumplir con las más de 40 recomendaciones del Grupo Antisoborno de la OCDE antes de marzo de 2019. Es imperioso que todos los organismos involucrados cumplan con el plan de trabajo propuesto para lograrlo y es muy importante que jueces y fiscales que llevan casos de soborno transnacional también se muevan en ese sentido”, manifestó a Clarín la titular de la OA, Laura Alonso.
“Es un esfuerzo colectivo para termina de sacar al país del pozo internacional en que lo dejó enterrado el kirchnerismo. Esta evaluación es la prueba final y nos pone en la obligación de trabajar colectivamente Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo para lograrlo”, agregó.
Alonso dispuso que la infraestructura de la OA esté ahora disponible para que el juez Claudio Bonadio, el fiscal Carlos Stornelli, la UIF y la AFIP investiguen el reciente escándalo, pero que su grupo de trabajo pretende una tarea de amplio espectro para cumplir con los parámetros internacionales de control.
Argentina tendrá en el primer semestre de 2019 su evaluación definitiva en la que se cerrará o no el ciclo para ver si se ingresa a la OCDE, una aspiración que Macri planteó incluso antes de asumir su Gobierno. Para eso, el país debe demostrar que cumple con sus obligaciones internacionales. Y en el severo club de la OCDE la política antisobornos es uno de los lemas centrales.
Y este país arrastra malas notas. En 2014 no sólo no pasó de la Fase 3 a la 4 para seguir mejorando su calificación dentro de la Convención, sino que recibió una calificación de “muy malo” y “muy bajo” el compromiso del Gobierno y del Ministerio Público Fiscal en el combate al soborno. Se apuntó entonces contra el politizado funcionamiento de la Procuraduría de Alejandra Gils Carbó; contra la situación en general de la justicia federal; se apuntó a la falta de voluntad demostrada por la AFIP de Ricardo Echegaray y la Unidad de Información Financiera de José Sbatella para cumplir con reportes en tiempo y forma y detectar casos de antemano que debían ser investigados. Y también se remarcó escaso compromiso de otros organismos del Estado como la Comisión Nacional de Valores. Por si fuera poco, la falta de estadísticas en el país imposibilitaba el control y la sanción también de las empresas. De hecho, uno de los circuitos más débiles al soborno son las Pymes. Electroingeniería, la empresa de Gerardo Ferreyra involucrada en el caso de lo cuadernos, era una pyme que creció a niveles descomunales bajo el amparo del gobierno K.
En 2016, se le concedió a la Argentina una suerte de “recuperatorio” extraordinario de aquel mal informe. Pero Argentina tiene sobre sus espaldas 40 recomendaciones del Grupo de Trabajo que aún deberá cumplir. Por empezar deben hacerlo todos los organismos del Estado: la Procuraduría de la Nación, el Consejo de la Magistratura, el Poder Judicial y la Auditoría General de la Nación, la jefatura de Gabinete, casi todos los ministerios, el Banco Central y muchos otros.