Aerolíneas Argentinas le envió a unos 50 de sus pilotos telegramas solicitándoles que ratificaran o rectificaran los mensajes de protesta contra la política aerocomercial del país que todos ellos habrían leído
por los autoparlantes de sus aviones durante vuelos llevados a cabo hace dos semanas. Este envío forma parte de un proceso interno de la compañía aérea estatal que podría desembocar en la aplicación de sanciones a los pilotos.
La práctica —denunciada por numerosos pasajeros y que quedó documentada en al menos un video—, además de ser contraria a las reglamentaciones internas de la empresa, fue llevada a cabo mientras el gremio de los pilotos y Aerolíneas se encontraban dentro de una conciliación obligatoria determinada por el Ministerio de Trabajo de la Nación y que finaliza recién el 8 de agosto. Por eso, si Trabajo entendiera que hubo una violación de la conciliación, podría ponerle una multa al gremio (la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, APLA), como hizo con Camioneros y como amenaza hacer con Suteba, según dijeron a Clarín desde Aerolíneas.
La lectura de mensajes a los pasajeros en vuelo violó normas internas de la empresa —explican desde Aerolíneas—. Esas reglamentaciones dicen que no se pueden expresar opiniones personales o políticas, ni poner en riesgo la seguridad del vuelo en los mensajes a los pasajeros. Remarcan desde la empresa que ellos tienen la facultad de aplicar sanciones a quien no cumple con las normas de seguridad del vuelo, y que van a analizar si lo hacen.
Entre los pilotos que respondieron el telegrama, se reparten entre quienes niegan haber difundido el mensaje y quienes ratifican la acción.
Si la empresa finalmente decide aplicar sanciones, nunca será antes del fin del período de conciliación obligatoria, para evitar que el gremio argumente que el castigo viola la conciliación.
APLA argumenta que lo que hicieron los pilotos fue una acción de difusión, que está dentro de lo que establece la reglamentación.
Apenas se difundió la lectura de los comunicados en vuelo, Aerolíneas había denunciado a APLA ante el Ministerio de Trabajo.