El juez federal Sebastián Casanello pidió que se investigue la filtración de un reporte de la Unidad de Información Financiera (UIF) que reveló movimientos de dinero vinculados con el financista Ernesto
Clarens y los hijos del “empresario” Lázaro Báez en la llamada “ruta del dinero K” para determinar que no fue del juzgado a su cargo de donde salieron esos datos.
La denuncia quedó radicada en el tribunal a cargo de su colega Ariel Lijo y fue presentada luego que el abogado defensor de Clarens, Hugo Pinto, se enterara a través de la prensa de la información que la UIF había incorporado a la causa durante la feria judicial de invierno, la semana pasada, y se quejara de ello ante el juzgado.
Fuentes judiciales recordaron que Casanello ya había apelado al mismo procedimiento varias veces en el pasado ante la difusión de información de esta causa, es decir una denuncia penal para que se deslinden responsabilidades y resguardar la labor del tribunal a su cargo. Pinto finalmente pudo ver el informe de la UIF en el juzgado, según dijeron a Clarín fuentes judiciales.
Clarín informó esta semana que la UIF le dio datos precisos al juzgado de Casanello sobre empresas de Clarens que giraron a cuentas de firmas cuyos beneficiarios finales eran los hijos de Báez unos 11 millones de dólares en 2011, al año siguiente de la muerte de Néstor Kirchner.
Báez, que creó la empresa Austral Construcciones con la que fue beneficiado con obra pública casi al mismo tiempo que asumió Kirchner en el Gobierno nacional, en 2003, está sospechado de haber sido el testaferro del fallecido presidente y su viuda y sucesora, la actual senadora Cristina Fernández.
La ex presidenta y el detenido ex empleado del Banco de Santa Cruz serán juzgados en los próximos meses en la causa por el “direccionamiento” de la mayoría de la obra pública vial nacional en la provincia que gobernaron los Kirchner antes de llegar a la administración durante los tres mandatos de gobierno en la Casa Rosada.
Parte de la llamada “ruta del dinero K” ya fue elevada también a juicio pero otro remanente se encuentra en el juzgado de instrucción a cargo de Casanello, con Clarens como uno de los imputados. El financista figuraba como titular de la firma Invernes, que significaría “Inversiones Néstor”. Báez está acusado de haber lavado unos 60 millones de dólares en beneficio de los Kirchner.