La diputada del Frente para la Victoria María Teresa García amplió este martes, en el juzgado federal N° 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, su denuncia por presuntos
aportes fraudulentos a Cambiemos en la campaña de 2017. Pidió también que se investigue a la gobernadora María Eugenia Vidal, al jefe de Gabinete provincial, Federico Salvai, y a los titulares del PRO bonaerense, los intendentes Néstor Grindetti (Lanús) y Jorge Macri (Vicente López).
Esteban Bullirch, durante la campaña electoral de Cambiemos en 2017. Foto: Dyn
La causa, iniciada a partir de un artículo del periodista Juan Amorín, ya tiene su correlato en el juzgado de Sebastián Casanello en Comodoro Py, que evaluará si hubo falsedad ideológica y lavado de dinero; y en la fiscalía electoral de Jorge Di Lello, por posibles violaciones a la ley de financiamiento.
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Las derivaciones del caso preocupan al Gobierno, que por eso apura la presentación de un proyecto de ley que obligará a bancarizar los fondos de los partidos, en la que trabajan desde hace un año la diputada del PRO Silvia Lospennato y el secretario de Asuntos Institucionales, Adrián Pérez. Esto se definió en una reunión realizada en las últimas horas entre el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, de quien depende el organismo que encabeza Pérez. Según el proyecto sólo podrán hacerse aportes mediante tarjetas de crédito y de débito, transferencias bancarias y cheques.
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En la Casa Rosada y en la Gobernación bonaerense admiten que el tema escaló en la agenda, pero insisten en que hay un trasfondo político. “Ellos están igual de complicados, pero entienden que esto les da rédito”, explican, mientras relativizan el impacto de la denuncia. “No suena razonable que un beneficiario de AUH aporte para una campaña, pero no es ilegal. Nosotros solo podemos constatar que estén vivos, como pide la ley actual, pero no si son beneficiarios de planes sociales”, razonaban fuentes oficiales.
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La investigación periodística reveló que alrededor de 500 personas que viven en asentamientos y son beneficiarios de la AUH y alrededor de 350 monotributistas sociales figuran como aportantes en efectivo para los comicios que terminaron ganando Esteban Bullrich y Graciela Ocaña. Muchos de ellos, además, están afiliados al PRO y aseguran que no lo sabían. En la Provincia apuntan que la recaudación fue “descentralizada” a través de funcionarios y consejeros que reunieron aportes “difíciles de controlar”.
Tanto denunciantes como denunciados señalan que es cuestión de tiempo para que la Justicia también investigue la campaña de 2015. Surge de casos como el del intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo, que negó haber aportado $ 50 mil pesos para esa campaña. En La Plata señalaron que el intendente -de mala relación con Vidal- presiona por el adelanto de $100 millones para cubrir salarios.
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En la causa que lleva Casanello e instruye el fiscal Carlos Stornelli, por una denuncia del titular de La Alameda Gustavo Vera, ya declararon varios de los presuntos aportantes truchos. En la causa están apuntados los candidatos Bullrich, Ocaña y Héctor “Toti” Flores. En la Gobernación dicen que es “un disparate” responsabilizar a los postulantes pero destacaron que sí deberán dar cuenta los responsables jurídicos de la campaña, el radical Alfredo Irigoin -ex intendente de Laprida, ex funcionario en Ambiente y hombre de Daniel Salvador- y Carla Chabán, del equipo de la macrista Fernanda Inza, flamante contadora general de la Provincia.
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Hubo al menos dos reuniones de los candidatos denunciados con funcionarios bonaerenses para cerrar filas y unificar el discurso. De la segunda participó la gobernadora, que adelantó lo mismo que dijo el viernes a la prensa en un acto en Villegas. “Es una denuncia del kirchnerismo y no importan de quién venga porque presentaremos todos los papeles”, dijo. Además, adelantó que se ordenó una auditoría interna para buscar irregularidades. Una denuncia similar de Ocaña, en su momento, derivó en el procesamiento de Héctor Capaccioli, recaudador del kirchnerismo en 2007. Elisa Carrió se refirió a las denuncias contra Cambiemos en la Provincia el domingo, en declaraciones a Jorge Lanata, al advertir que fuera de Capital la financiación para la campaña no había sido “transparente”.
Consultado por Clarín, Salvai se expresó en la misma dirección que su jefa política. “Nos pusimos a disposición e iniciamos una auditoría. La ley actual de financiamiento tiene muchas lagunas, cada vez que hay una campaña, los frentes electorales tiene problemas en la rendición”, explicó.
Hasta el momento, no hubo ninguna presentación formal del oficialismo en Tribunales. En la conferencia de prensa de este miércoles puede que sea el turno del presidente Mauricio Macri para referirse a las denuncias.