La enorme ola de la crisis económica cayó sobre la frágil barca del Estado, y en cada oficina y repartición pública se escucha la misma frase: “a los botes”. La aspirina
del gradualismo no logró disimular ni mucho menos apaciguar el gigantesco agujero fiscal que año tras año la Argentina viene haciendo crecer a fuerza de gastos monumentales frente a ingresos de dólares genuinos mucho menores, sólo inflados con los anabólicos de la fiesta financiera o la pura y dura deuda pública. Nada nuevo en el horizonte, como tampoco la temida consecuencia: un ajuste. Que de acuerdo a la promesa del Gobierno y su compromiso con el FMI, será de proporciones antológicas.
Oficialismo y oposición,Gobierno y provincias, empresas y sindicatos, movimientos sociales y líderes eclesiales se encuentran ahora enzarzados en la pelea por el rumbo que tomará la tijera en cada presupuesto, plan, proyecto o sueño. “A los botes”,, murmuran todos.
Lo mismo ocurre a un lado de esa refriega, en los otros dos poderes del Estado que también deberían sentirse interpelados por el sacrificio del ajuste que ya está golpeando a las franjas más desprotegidas de la sociedad. El Congreso puede argumentar que al menos comenzó a limpiar su plantilla de supuestos ñoquis tras la incorporación de sistemas biométricos de control de horarios, aunque la explicación tal vez no sea suficiente.
En medio de la puja por el ajuste, la Corte Suprema protege su caja más preciada
Pero más estruendoso es el silencio en el Poder Judicial, cuyos magistrados incorporados antes de la reforma del año pasado -por cierto, resistida con uñas y dientes- ya agotaron su imaginación para convencer a los argentinos por qué ellos no deben pagar el impuesto a las Ganancias que atosiga al resto de los trabajadores en blanco.
Con la sutileza que los tribunales pueden exhibir en asuntos delicados, y la unanimidad que sin fisuras logra en las cuestiones corporativas, la Corte Suprema de Justicia blindó la fortuna que lleva ahorrada en la última década formalizando un “fondo anticíclico” para evitar cualquier intento del Ejecutivo por transferirle la responsabilidad de algunos gastos o congelar las transferencias presupuestarias para que los propios jueces tengan que meter la mano en el bolsillo de sus ahorros.
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La jugada es irreprochable desde lo legal, y serviría como una formidable garantía de independencia ante posibles aprietes de cualquier Gobierno descontento con los fallos judiciales. Tan cierto como esto es que en estos días toda la Argentina está discutiendo cómo ajustar los cinturones para achicar el agua que amenaza con hundir a aquella frágil barca nacional. En este contexto, la movida de la Corte no ayuda a aventar las sospechas de que representa a funcionarios públicos que en algunos casos se ven a sí mismos como un Estado dentro del Estado.
En su atrevido pedido de juicio político a Ricardo Lorenzetti, Elisa Carrió lo acusó por el supuesto manejo turbio de “la caja judicial”, y los tironeos por el presupuesto y su control entre la Corte y el Consejo de la Magistratura. El flamante “fondo anticíclico” no ayudaría a despejar aquellas trasnochadas especulaciones.