Cumplir con el ajuste del gasto y sostener la asistencia social se presenta como uno de los desafíos para Mauricio Macri en lo que resta de 2018 y de cara a
la reducción del déficit para los años siguientes. El Presidente se muestra inflexible en cumplir con las metas del acuerdo con el FMI y los funcionarios aseguran que la ayuda a los sectores más vulnerables quedará a salvo del recorte, aun cuando representa un alto porcentaje del Presupuesto. El Gobierno avanzará en la revisión de presuntas irregularidades en asignaciones, jubilaciones y pensiones, fraudes e inconsistencias con el objetivo de generar un ahorro y darle mayor sustentabilidad al sistema, de acuerdo con el argumento oficial. Del alcance dependerá en buena medida el impacto, tanto en términos económicos como en niveles de rechazo y aumento de la conflictividad.
“Vamos a mantener la inversión social, lo que tenemos que garantizar es que sea sustentable. Estamos revisando todas las inequidades para que llegue a los que corresponde”, dijo a Clarín un alto funcionario. La ANSeS, la AFIP y otros organismos cruzan información para advertir inconsistencias. A su vez, el Gobierno analiza una mejora en la Asignación Universal por Hijo más allá del ajuste automático de septiembre, posiblemente con la “salvaguarda” contemplada en el acuerdo con el FMI, por $13,5 millones. En las próximas semanas podría haber un anuncio oficial con los dos aspectos, el aumento y las bajas a las asistencias consideradas irregulares. Según el ministerio de Hacienda el gasto social representa el 76% del Presupuesto.
“La actualización automática de la AUH será importante, en línea con la inflación. El resto se está analizando”, contó un integrante del llamado gabinete social, que tendrá reunión esta semana en la Casa Rosada, y sobre el uso de la parte del stand by del FMI refirió como antecedente el crédito del Banco Mundial ya usado para ampliar el universo de beneficiarios cuando alcanzó a monotributistas y trabajadores temporarios.
Precisamente de esa medida surgió uno de los “dobles beneficios” que revisará el Gobierno en esta etapa de mayor reducción del déficit, ante la aparición de monotributistas que cobran la asignación y a la vez la deducen de Ganancias. Entre los casos de presuntas defraudaciones al Estado funcionarios de ANSeS y AFIP enumeraron a modo de ejemplo unas 6.000 jubilaciones en Formosa a partir de la moratoria previsional, sin que pudieran acreditar residencia en el país; simulación de relaciones laborales con empleados apócrifos en Chaco y Salta para recibir asignaciones familiares; maniobras entre estudios de abogados y médicos en Mar del Plata para obtener retiros y pensiones por invalidez; beneficiarios del plus patagónico sin residencia en el área y trabajadores registrados con un sueldo de $200 mensuales, el tope mínimo para cobrar asignaciones, entre otros. “Es obvio que el empleador declara menos de lo que realmente paga y no hay correlato entre contribución y beneficio”, aseguraron.
Hace poco más de un año, el Gobierno avanzó con un ajuste de miles de pensiones por discapacidad y debió dar marcha atrás por la reacción negativa de los afectados y buena parte de la opinión pública.
Otro recorte al gasto social podría suceder vía financiamiento a las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación. Macri viene reclamando “terminar con las inequidades” en ese punto y “armonizar” los sistemas -es decir, reducir beneficios- o sostenerlos con recursos propios. Los giros a los 13 distritos en esa situación alcanzarían este año a $18.000 millones. En el Gobierno confirmaron que formará parte de la negociación con los mandatarios provinciales.