La Cámara Federal de Casación Penal exhortó este martes al Consejo de la Magistratura a que solucione “con urgencia” los planteos recibidos de diversos tribunales por la falta de espacio físico
para un mejor trabajo del personal de la Justicia federal y la ubicación de voluminosos expedientes por casos de corrupción que se apilan en juzgados y tribunales orales del barrio de Retiro.
En concreto, el tribunal requiere del organismo encargado de la logística del Poder Judicial que traslade del emblemático edificio de la Avenida Comodoro Py a tribunales que no pertenecen al fuero federal y que no están bajo su órbita. Incluso los magistrados a cargo de esas dependencias han pedido su traslado a lugares más cercanos a los otros edificios del fuero penal ordinario, ubicados alrededor de la zona de Plaza Lavalle.
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Según el conteo hecho por Clarín se trata de tres tribunales orales de menores, sus correspondientes defensorías y fiscalías y dos juzgados de instrucción del fuero penal ordinario. El combo incluye una pequeña sala de audiencias en la planta baja del edificio que podría utilizarse para juicios orales del fuero federal.
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Con la firma de los presidentes de las cuatro salas de la Casación Federal (Gustavo Hornos, Alejandro Slokar, Liliana Catucci y Mariano Borinsky) más la del titular del tribunal durante 2018, Eduardo Riggi, los jueces de Casación le pidieron al Consejo “que adopte con urgencia las medidas adecuadas y eficaces tendientes a la inmediata solución del problema”.
Los cinco magistrados recordaron al organismo presidido por el abogado Miguel Piedecasas que la Casación ya agotó “todas las posibilidades de satisfacer” los reclamos por espacio físico que recibieron desde los tribunales orales federales que tienen en marcha y esperan grandes causas de corrupción hasta los juzgados de instrucción que también llevan casos complejos y no tienen lugar para guardar los expedientes.
Los jueces de Casación solicitaron al Consejo “la apropiada reubicación de las dependencias ocupadas por organismos no federales, lo que propiciaría lugares necesarios para el trabajo en esta jurisdicción”, en referencia a los tribunales federales que de ellos dependen.
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Esto es, básicamente, los doce juzgados de instrucción, las dos salas de la Cámara Federal de apelaciones, once tribunales orales (ocho federales y tres del fuero Penal Económico) más las dependencias de la propia Cámara de Casación.
A esto se suma que el presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, receptó y derivó a la Casación las quejas por el uso de contenedores sin la seguridad correspondiente para el archivo de documentación usada como prueba en importantes casos de corrupción, como el de la multinacional Odebrecht, según especificó uno de los magistrados que llevan esas causas. Esos contenedores en los alrededores del edificio fueron puestos a través de un acuerdo de la propia Casación con el Consejo el año pasado.
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Casación también reabrió un viejo expediente para tramitar la colocación de cámaras de seguridad en los accesos a Comodoro Py e incluso en su primer piso, donde funcionan sus oficinas, para controlar el acceso y egreso de público, más que nada relacionado con episodios de inseguridad de empleados que al llegar salir del edificio deben ir hacia la estación Retiro y han sufrido reiterados hechos de inseguridad, según dijeron fuentes judiciales.
