El flamante camarista federal Mariano Llorens adhirió al informe de su colega Martín Irurzun y rechazó la recusación contra este magistrado que había planteado el ex titular de la Dirección General
Impositiva (DGI) Angel Toninelli, en el marco de la causa en la que se encuentra procesado junto con el ex jefe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Ricardo Echegaray por presunto encubrimiento del detenido empresario Lázaro Báez.
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De esta manera, Irurzun podrá intervenir junto con Llorens en las apelaciones presentadas por las defensas de Toninelli y Echegaray para que la Cámara Federal penal porteña revise los procesamientos que les dictó el mes pasado el juez Sebastián Casanello por la presunta comisión de los delitos de encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Se trata de las maniobras de facturación trucha de la empresa Austral Construcciones en la ciudad de Bahía Blanca pero ignoradas por la AFIP y por las que fueron denunciados en 2015 ambos ex funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por la entonces diputada nacional Margarita Stolbizer.
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“Coincido con lo argumentado por mi colega (…) en cuanto a que ninguno de los motivos esgrimidos por la parte recusante alcanza a configurar una de las causales previstas” por el Código de Procedimiento Penal “ni consiguen sustentar suficientemente el temor de parcialidad invocado”, dijo Llorens en su resolución. Además, rechazó un recurso de reposición por el sorteo de la tramitación de este expediente.
Toninelli había argumentado que en otra intervención en esta causa, la Cámara de Casación había anulado una decisión firmada por Irurzun, pero tanto este magistrado como su colega Llorens argumentaron que ello no significara que fuera a actuar con parcialidad ahora que debe resolver si tanto él como Echegaray fueron bien procesados por Casanello.
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Al procesarlos, el magistrado instructor ordenó embargar los bienes del ex jefe de la AFIP y del ex titular de la DGI hasta hasta cubrir las sumas de 70 millones de pesos en ambos casos. Se trata de una causa paralela a la de la llamada “ruta del dinero K” por la que fue detenido Báez hace más de dos años y con la prisión preventiva prorrogada.