La del ministro de Defensa, Oscar Aguad, y el presidente Mauricio Macri no fue una reunión de seguimiento más. Transcurrió, como todos los viernes, en la tranquilidad de Olivos, lejos de
la renovada Plaza de Mayo donde acampan desde hace 48 horas los familiares de los tripulantes del ARA San Juan para reclamar que comience cuanto antes la búsqueda del submarino desaparecido el 15 de noviembre pasado en el Mar Argentino. Aguad había recibido a parte de ellos en su despacho.
Luego de que la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) dictaminara irregularidades en el pliego de la empresa que se adjudicó la licitación para la búsqueda del submarino, en el Gobierno barajan dos opciones. Los problemas surgieron con las impugnaciones de algunos familiares que observaron que la empresa española Igeotest Geociencias y Exploraciones S.L modificó su razón social en medio del proceso administrativo.
La primera alternativa es anular la licitación, pero no convence. Significaría haber esperado en vano las semanas que duró la adjudicación. La segunda posibilidad, la que más seduce al ministro, es “salvar” el proceso administrativo y elegir a otra de las otras nueve empresas que se presentaron a la licitación.
Aguad acordó con Macri estudiar con su equipo jurídico la viabilidad de esa decisión que ya había adelantado a los familiares. Luis Tagliapietra -abogado y padre de Alejandro, uno de los tripulantes del ARA-le manifestó su rechazo. “Jurídicamente es inviable. Sería más fácil que lo sacaran por DNU. La licitación todavía no se cayó”, le dijo Tagliapietra a Clarín.
El abogado, que representa a otros familiares de las víctimas, señaló a Aguad por las dilaciones. “No tienen la decisión política para empezar la búsqueda”, dijo.
Aguad considera que la firma de un DNU para una contratación del Estado es inviable. Los familiares, por su parte, recuerdan que esa fue la herramienta que eligió el Gobierno para alquilar aviones para el Presidente y hasta el fallido nombramiento de jueces de la Corte Suprema en comisión. “Son apenas US$ 4 millones, para el presupuesto nacional es nada”, dijo Macri. En el ministerio destacan que la búsqueda del submarino ya insumió cerca de mil millones de pesos.
En Defensa aseguran tener más de un plan, por si la alternativa de elegir a otra de las empresas que licitaron fracasa. “Esperamos tener una definición esta semana. Si aceptan nuestra solución, no debería dilatarse más la búsqueda”, dijeron cerca de Aguad, que también recibió a los familiares el miércoles por la noche.
Tagliapietra y otros de los familiares cuestionan a otras de las empresas que participaron de la licitación, como el venezolano Hugo Marino, y minimizan la impugnación de la ONC que hicieron otros familiares, a su entender, a instancias de un abogado que empuja intereses del Gobierno. “La única alternativa que veo es que contraten a Ocean infinity que no aceptó participar de la licitación, porque no se ajustaba al pliego”, insistió el abogado.
En el Gobierno consideran que la política empieza a ensuciar la causa de los familiares. Señalaban que la senadora mendocina del FPV del Anabel Fernández Sagasti acompañó a los familiares al ministerio cuando el jueves intentaron volver a ver a Aguad y terminó recibiéndolos el capitán de navío Alejandro Longhi. Los familiares dicen que no se irán de la plaza hasta que la búsqueda empiece.
El ARA San Juan no fue el único tema caliente de la reunión de seguimiento en la que también participó Gustavo Lopetegui. Avanza con rapidez la decisión oficial de que las Fuerzas Armadas presten colaboración en Seguridad interior, para “proteger objetivos estratégicos” y para prestar ayuda logísticas a Gendarmería en la Frontera Norte. Insisten en que alcanzaría con derogar el decreto 727/06 que firmó Néstor Kirchner. En dos meses proyectan tener a fuerzas federales trabajando con Gendarmería en Formosa, Salta y Misiones.