El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios se declaró en “estado de alerta” por desfinanciamiento. Denuncian retrasos y recortes en el cobro del subsidio que por ley se les asigna para que
brinden su servicio a la comunidad.
Representantes de distintas provincias acudieron a la comisión de Asuntos Municipales de Diputados, que preside Eduardo “Bali” Bucca, para denunciar la situación y pedirle a los legisladores que intervengan. También participaron diputados de las comisiones de Presupuesto y ONGs. “Debemos actuar para lograr que les lleguen los recursos para seguir cumpliendo con su misión”, expresó Bucca tras el encuentro.
Los bomberos reclaman $ 147 millones correspondiente al excedente adeudado del año pasado y el presupuesto entero de 2018, que está pautado oficialmente en $ 962 millones de pesos, aunque los bomberos advierten que esa cifra es un 40% menor a la que les corresponde, de acuerdo a sus estimaciones. La ley señala que el pago se debe acreditar en los primeros seis meses del año.
“Reclamamos lo que nos corresponde, que no sale de las arcas del Estado, sale de los seguros contra incendios que paga cada vecino. Somos profesionales, en nuestras manos está la vida de nuestros vecinos”, asegura el vicepresidente 1º del Consejo Nacional, Germán Ternavasio
La plata destinada a los bomberos voluntarios se recauda con el aporte (del cinco por mil) que hacen todas las aseguradoras por las pólizas que venden. La plata la recoge la Superintendencia de Seguros de Nación, que la gira a una cuenta bancaria y luego el Ministerio de Seguridad, a través de la Secretaría de Protección Civil, lo distribuye para que los 1000 cuarteles, asociaciones, federaciones y al Consejo Nacional (en total más de 42 mil bomberos voluntarios) se mantengan operativos.
“Estamos hablando de personas que trabajan gratis, cuyo uniforme completo cuesta hoy 7 mil dólares, que brindan un servicio esencial y básico para toda la comunidad”agrega Ternavasio.
Como el parque automotor está creciendo el dinero, aseguran, debería incrementarse. Sin embargo para 2018 les asignaron un 20% menos que el año pasado. Todavía no lo cobraron.
“Sacaron de nuestra partida de 2018 más de $ 637 millones sin explicación, porque los cálculos por las ventas de pólizas indican que nos corresponde más, a lo que se le suma la pérdida del excedente de recaudación del año anterior por más de $ 147 millones. En total nos están reteniendo $ 844 millones. Hemos pedido y reiterado los reclamos y nunca obtenemos respuesta”, afirma Carlos Alfonso, presidente del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios.
“Entre enero y febrero solíamos cobrar los excedentes adeudados del año anterior. Este año nos dijeron que nos lo iban a pagar junto con el presupuesto de 2018 y nos mintieron porque ahora sacaron la resolución para pagarnos lo del año y no incluyeron ese dinero. Además, hay irregularidades porque dicen que sólo 200 instituciones van a cobrar”, agrega Alfonso.
“De acuerdo a la ley esa plata por ley no puede utilizarse para otra cosa, y no sale del Estado. La Superintendencia la cobró así que tiene que estar. No entendemos por qué no nos depositan”, aseguran.
La falta de dinero afecta a las capacitaciones que los voluntarios realizan, la compra de combustible, de equipos. “Los cuarteles tienen gastos de mantenimiento, el costo de los insumos sube y no todo se puede resolver con rifas o ventas de empanadas. Son recursos que desde siempre, por ley, nos han llegado directamente a las diferentes asociaciones o federaciones y ahora fueron retenidos por el gobierno nacional”, se queja la presidenta de la Federación de San Luis, Susana Tello.