Aunque no espera que la CGT dé marcha atrás con el paro del 25 de junio, el Gobierno busca desinflarlo avanzando con alguno de los cinco puntos que había planteado la
Central cuando buscaban en tándem encausar el diálogo para nunca lanzar la medida de fuerza. En esa línea, este viernes firmó el prometido decreto para avanzar en el desembolso de dinero de las obras sociales.
“Esto no es para frenar el paro, pero sí para descomprimir” comentaron a Clarín en el Gobierno. Agregaron: “Servirá para ordenar las finanzas y los obliga a cumplir condiciones que impone el Ministerio de Salud, como tener sistemas homologados”, que permitirían unificar información en sistemas informáticos plausibles de auditar.
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Un dirigente sindical que estuvo al corriente de las negociaciones, agregó: “Hace un año que discutimos esto, trae algunas soluciones a una inequidad que se daba en la distribución de fondos; pero de ninguna manera está saldado el tema”. Y descartó que por esto vaya a haber novedades con respecto a mitigar el alcance de la huelga nacional.
Mauricio Macri con su aliada Elisa Carrió.
El decreto 554/18 publicado el viernes se divide en tres partes. La primera es la que habilita la distribución de $ 4.500 millones para las obras sociales gremiales; aunque no se fijan plazos para hacerlo ni tampoco hay un anexo en el que se detalle cómo será la distribución.
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Es que no habrá reparto automático sino que este decreto podría ser utilizado como “una herramienta política” con la discreción que considere el Gobierno en base a la “buena” o “mala” relación con cada uno de los gremios. “Llegamos al Gobierno y había $ 30.000 millones que los gremios daban por perdido, nosotros pusimos la mitad en bonos, algo distribuimos y ahora avanzamos con esto”, resumen en el Gobierno.
En la CGT apuntaron: “Esto es reeditar lo de 2016 cuando Macri avisó que reintegraría esos 30.000 millones de pesos. Mostrarnos que esa plata está pero no así que la reintegran”. Más allá de esta declaración, en el Gobierno entienden que el manejo discrecional del dinero les servirá para seguir sumando gremios al diálogo con vistas al año electoral que se viene que, por cierto, promete ser conflictivo debido al ajuste fiscal.
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El segundo tramo del decreto estipula, por 12 meses, la baja de un 50% el Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), que actualmente alcanza unos $ 1.000 millones mensuales. Este programa, que se lleva el 40% de la recaudación de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), sirve para complementar la financiación de las obras sociales mediante la distribución automática en base a la cantidad de afiliados. Muchas obras sociales chicas viven de este subsidio, algo que no pasa con las grandes: es por esto que el mismo decreto 554 habilita a prestadoras chicas a fusionarse porque muchas de ellas empezarán a ver debilitadas sus finanzas. De hecho, esa confederación de obras sociales, que propone el Gobierno para bajar las actuales 300, es algo que ya implementó este año ad hoc la SSS y de lo que dio cuenta Clarín en el debut del programa.
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El 50% que se deje de distribuir a través del SUMA engrosará la cuenta del Sistema Único de Reintegro (SUR). Explicó un dirigente sindical: “Hace 5 meses que no nos pagan los expedientes por tratamientos porque el SUR dejó de repartir; ahora esperamos que con este cambio se empiecen a pagar por esas prestaciones”.
Dirigentes sindicales reunidos el pasado 7 de junio con funcionarios en la Casa Rosada.
Finalmente, el tercer eje es que se ajusta el aporte del Estado a las obras sociales sindicales para atender jubilados. Actualmente las prestadoras de salud reciben un valor de $ 662 mensuales para atenderlos y evitar que se pasen al PAMI. A partir de este decreto empezarán a recibir un monto de $ 862, un reclamo de larga data de los sindicalistas. En este universo hay 300.000 jubilados y los gremios más favorecidos son las obras sociales de Comercio, Ferroviarios y Osplad (docentes).
No obstante, este rubro aún no está saldado para los gremios: dicen que el PAMI recibe $ 2.000 por cada jubilado y que solo giran a las obras sociales $ 192 pesos que forman parte de aquellos $ 662. Los cegetistas quieren que el traspaso de fondos para atender a esos 300.000 jubilados sea por el total; algo que el Gobierno, por ahora, no tiene en ningún radar otorgar.
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Los otros 4 puntos que planteó la CGT para no ir al paro general son eximir del pago de Ganancias al aguinaldo (el Gobierno lo descartó); evitar los despidos por seis meses, tanto en el sector privado como público (también fue rechazado por la Casa Rosada); “paritarias libres” (Mauricio Macri elevó la pauta salarial oficial por decreto cinco puntos para los acuerdos que ya están cerrados); y la no incorporación a la Ley de Contrato de Trabajo de una modificatoria en el cálculo de la indemnización.