El nuevo juicio contra el ex vicepresidente Amado Boudou por la presunta falsificación de los documentos de un viejo viejo automóvil importado en la década del noventa será llevado a cabo
por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 8 (TOCF8), según dispuso este miércoles el juez Mariano Borinsky, de la Cámara Federal de Casación Penal.
El magistrado debió resolver un conflicto de competencia entre ese tribunal y el TOCF4, que juzga actualmente al ex funcionario por el escándalo de la imprenta Ciccone y que también lo hará en una causa en la que está acusado de presunto delito en la compra sin licitación de 19 automóviles para el Ministerio de Economía cuando estaba al frente de esa cartera.
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El TOCF8 se había desprendido de la causa por los papeles truchos del vehículo marca Honda por su presunta “conexidad” con el expediente de los autos comprados para el Ministerio de Economía, pero ahora, con la única firma de Borinsky -una nueva ley autoriza la intervención de un solo juez en tribunales colegiados para casos menores-, la sala IV de la Casación determinó que debe ser el primer tribunal el que juzgue el caso de falsificación de documentos.
Boudou había sido absuelto por el TOCF1 en la causa por los documentos del vehículo que se presume falsificó para ocultar su patrimonio en la división de bienes del juicio de divorcio de su primer matrimonio con Silvana Andriuolo, contraído en la ciudad de Mar del Plata antes de su llegada a la administración pública. Sin embargo, esa sentencia fue anulada por la sala IV de Casación por cuanto se basó en una prescripción del delito que, para el tribunal superior, no había operado.
Por ello el nuevo juicio deberá ser llevado adelante con “celeridad” -según dijo Borinsky- por un tribunal distinto, en este caso el TOCF8, integrado por Nicolás Toselli, Sabrina Namer y María Gabriela López Iñíguez. Esta última magistrada integra como subrogante el TOCF4 que juzga actualmente a Boudou por el escándalo de la imprenta Ciccone y que se encuentra en su etapa final de alegatos y próximo al veredicto de culpabilidad o inocencia.
El ex vicepresidente está acusado en el caso Ciccone de los delitos de cohecho y tráfico de influencias y por ambos recibió un pedido del fiscal Marcelo Colombo y las querellas de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) de hasta cinco años y medio de cárcel, es decir de cumplimiento efectivo y no condicional.