El sindicalista Hugo Moyano pidió a la Justicia federal de Córdoba la nulidad de la citación a indagatoria en una causa por lavado de dinero y defraudación vinculadas a operaciones de
compra de terrenos en la localidad de La Falda. Lo hizo a través de su abogado Daniel Llermanos. En el escrito, sostiene que todo responde a una “armado político” del Gobierno de Mauricio Macri y hasta cita una declaración de este domingo del ex presidente Eduardo Duhalde, que se mostró “indignado por la persecución” contra el líder sindical.
Uno de los primeros planteos de la defensa de Moyano, según el escrito al que accedió Clarín, es la “orfandad de fundamentación” y la falta de “especificación de la conducta que se reprocha ni que tipos penales”. Es que para Moyano todo responde a una “persecución política”, pese a tener ocho causas judiciales abiertas.
Así, pidiendo la nulidad de la indagatoria fijada para el 31 de este mes, a las 9 de la mañana, Llermanos indicó que si el delito atribuido es defraudación “sería un tema de jurisdicción provincial”, si se trata de una cuestión vinculada con el precio que declaró como pagado el anterior titular, “la única posibilidad de hipotético reproche, debería ser dirigida a cualquiera menos a Moyano y a Villegas, porque según la pericia adquirieron a valor de mercado, concretamente el que puso el tasador”.
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Moyano, junto a otras personas, fue imputado en diciembre del año pasado por los delitos de lavado de dinero y defraudación, en relación con la compra de cinco terrenos en La Falda, que fue denunciada ante la Unidad de Investigación Financiera (UIF). Luego, la causa fue derivada a la Justicia Federal cordobesa.
Según el expediente que lleva el juez federal Alejandro Sánchez Freytes, por la compra de los terrenos el gremio pagó en 2013 en total unos seis millones de pesos, cuando los vendedores lo habían adquirido tres meses antes a $ 300 mil.
Moyano había firmado la operación como apoderado del Sindicato de Camioneros y la Justicia sospecha de una maniobra de sobrefacturación en perjuicio de la entidad sindical, ya que los terrenos fueron adquiridos con recursos del gremio.
La defensa replica en el escrito el argumento que ya había dicho en público Pablo Moyano, el hijo del ex titular de la CGT, sobre que todo responde a una “persecución política”, del “gabinete nacional” que “impulsan por todos los medios posibles la gestación y avance de causas judiciales contra el máximo líder gremial de los últimos treinta años“.
En relación a esto, en el escrito se cita una declaración de Duhalde, que expresó este domingo: “Estoy indignado por la persecución judicial contra Moyano, es un bochorno”. Fueron dichos en radio 10, que luego se replicaron en Twitter.
Asimismo, al pedir la nulidad de la indagatoria, se remarcó que los hechos denunciados han sido “cuidadosamente diseñados con la finalidad que desde los medios masivos de comunicación –prensa y redes sociales– se provocara mi desprestigio como dirigente sindical” y todo -según Llermanos- porque Moyano “resistió públicamente y con acciones concretas las políticas de ajuste en perjuicio de la clase trabajadora y de las personas en condición de vulnerabilidad”. Hasta hace unos meses, el camionero era aliado del macrismo. Pero la relación se rompió.
Esta causa comenzó en realidad con el kirchnerismo –de relación oscilante con Moyano–, con una denuncia presentada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), cuando la conducía Carlos Gonella: los terrenos mencionados tenían una base imponible de $ 964.553.
Los terrenos habrían sido comprados el 11 de octubre del 2013 por la empresa Kiano SA a Jorge Cappucchio por un monto de $ 309.255. Esos terrenos terminaron en el sindicato de Camioneros, que terminó pagando seis millones de pesos, casi 20 veces su valor original.