Cristina Kirchner perjudicó en cifras multimillonarias al Estado cuando ella era presidenta de la Nación y en simultáneo, según determinó la Justicia, favoreció a su amigo y socio comercial Lázaro Báez.
Entre noviembre e este año y febrero del próximo se estima que el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) dará inició al juicio de la causa que se enfocó en los beneficios que recibió el dueño de Austral Construcciones que se tradujeron en 52 contratos viales por $ 46.000 millones. En esta etapa el TOF se enfoca en determinar a cuánto asciende el perjuicio que generó la asociación ilícita encabezada por la ex mandataria. La primera cifra según pudo conocer Clarín, es superior a los $ 10.000 millones.
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La causa que investigó la obra pública adjudicada a Lázaro Báez -cuya constructora se fundó doce días antes que Néstor Kirchner llegue a la Casa Rosada-, sentará por primera vez en el banquillo de los acusados a Cristina Kirchner y al empresario preso por lavado de dinero. No será la primera fotografía que los reúna, pero sí se constituirá en el primero de una serie de juicios que tendrán por delante donde comparten acusaciones por lavado de activos y asociación ilícita.
Unas 25 cajas de las 65 que tiene la investigación que llevaron adelante los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, y el juez Julián Ercolini, ya se encuentran en el TOF 2 -integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Alberto Tasara-. Para el juicio, manejan una lista de 40 a 50 testigos que declararán.
En el procesamiento de la información el fiscal del Tribunal Diego Luciani fijó como tarea prioritaria determinar en cuánto fue el perjuicio generado al Estado. Por otro carril, corre la demanda civil que Vialidad Nacional -denunciante en la causa-, le hizo a la ex Presidenta por daños y perjuicios en $ 22.500 millones.
La acusación contra Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner, entre otros ex funcionarios y Báez, es haber constituido desde el Gobierno y organismos vinculados a la obra pública, una “organización criminal” para la “sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor del Grupo Austral”.
En este contexto, se analizaron gran parte de las licitaciones y se determinó que “se cobró un 19% más del valor original, y después hubo más modificaciones de costos”, indicaron fuentes judiciales a Clarín. El objetivo de cara al juicio es “el decomiso y reintegro de todo lo robado”.
Para la tarea de ponerle una cifra al perjuicio, la Justicia sostiene que se montó un “esquema de beneficios exclusivos y permanentes en favor” de Báez en “detrimento de las arcas del Estado”. Fue a través de: simulación de licitaciones, falsas constituciones de UTEs con firmas del empresario K, sobreprecios del 64,72%, adjudicación de nuevas obras pese a incumplimientos sistemáticos, la presentación de un mismo certificado de capacidad técnica, celeridad al momento de entregarle obras y anticipos a Báez, entre otros puntos.
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El primer número que maneja la Justicia es un daño ocasionado por la ex Presidenta contra el Estado que “supera los $ 10.000 millones”, indicaron a Clarín.
En el análisis de “casos testigos”, se tuvo en cuenta el empalme de la Ruta provincial 12. La obra requería una capacidad técnica de $ 24 millones y Austral sólo tenía $ 3.8 millones de capacidad disponible. El presupuesto era de 60 millones, y a Báez se la adjudicaron por 70. Las sucesivas modificaciones llevaron ese monto a $ 114.5 millones: un incremento de 90,92%.
Otro caso fue la repavimentación de la Ruta 3 (Gran Bajo San Julián): los $ 155 millones originales, terminaron siendo $ 419.2 millones: un 170,46% más de lo estimado.