Investigados por lavado de dinero, los gremialistas Hugo Moyano y Víctor Santa María está ahora bajo la misma lupa: el juez Claudio Bonadio apura una pericia contable sobre los movimientos de
dinero tanto en el sindicato de Camioneros como en el de encargados de edificios. Ambas investigaciones comenzaron tras denuncias de la diputada Graciela Ocaña, basadas en informes de la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre supuestas transferencias sospechosas.
Recogiendo el guante, Bonadio realizó varios allanamientos para secuestrar libros contables y societarios de las entidades gremiales, y ordenó peritar los movimientos de fondos, el origen del dinero y su destino final. Ese trabajo se encuentra en curso en estas semanas, según confirmaron fuentes judiciales a Clarín.
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Para ser analizados, Santa María tuvo que entregar al juzgado los libros contables y societarios del SUTERH, el sindicato de los encargados de edificio, de la obra social del sindicato y de la sede del Servicio de Resolución Adecuada de Conflictos para Trabajadores y Empleadores de Renta y Horizontal (SERACARH).
El informe de la UIF que inició las sospechas muestra operaciones realizadas entre el sindicato de porteros y empresas vinculadas a varias personas con “fines ajenos a la actividad sindical”. También se investigan diversos viajes al exterior y movimientos millonarios de dinero que vincularían a Santa María con financistas cercanos a él y al sindicato.
Respecto a Moyano, el juez Bonadio secuestró hace pocas semanas los libros contables correspondientes al período 2009-2016, y toda la documentación societaria. El requerimiento de la información alcanza a la obra social del gremio, cuyo pasivo neto ya asciende a 1.837 millones de pesos. La justicia busca clarificar los movimientos de dinero que derivaron en esos resultados. El último informe de la UIF puntualiza que entre 2010 y 2011 Aconra, una constructora cuya principal accionista es Valeria Salerno (hija de Liliana Zulet, cónyuge de Moyano), recibió fondos por 220 millones de pesos, de los cuales al menos 105 millones correspondieron a 26 cheques firmados por Camioneros.
Según la documentación, estas singulares remesas “se habrían mantenido hasta la actualidad, atento que entre febrero y julio de 2017 se habrían registrado acreditaciones por 113 millones de pesos, de las cuales el 90% correspondería a Camioneros”. Otras firmas vinculadas a Moyano que están en la mira por sus negocios con el gremio o la obra social de camioneros son Dixey SA -un taller de ropa deportiva- y la prestadora médica IARAI SA; también dirigidas por Valeria Salerno.