“Estamos recorriendo una incómoda transición, consecuencia de la hipoteca recibida en termino de tarifas y del facilismo regulatorio implementado por el gobierno anterior”. Casi a modo de justificación, esta es uno
de los balances que el Gobierno realizó en un informe interno en el que analizó el proyecto de dictamen con el que sectores del peronismo, junto a otros bloques de la oposición, buscarán limitar los aumentos de los servicios públicos. Según se señala allí, el costo fiscal de aprobarse la iniciativa será de alrededor de 225 mil millones de pesos.
Subir las tarifas al ritmo de la inflación tendría un costo fiscal de 0,7% del PBI
El documento de ocho páginas, elaborado por el Ministerio de Energía de Juan José Aranguren y al que accedió Clarín, llegó a manos de Mauricio Macri, previo a la reunión que encabezó esta mañana en la Quinta de Olivos para definir la estrategia a seguir ante el proyecto opositor para congelar por dos años -y retrotraer a noviembre de 2017- las tarifas.
“Los aumentos graduales de las tarifas de gas y electricidad del 2017 y los previstos para el corriente año permitirán una fuerte reducción de los subsidios en términos reales. Es así que el presupuesto 2018 prevé una caída de los subsidios del 33 % (descontada la inflación), es decir una reducción del 0,6% del PBI respecto a 2017”, se explica en el informe.
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“El dictamen no sólo da marcha atrás con los aumentos previstos, sino que la cobertura de subsidios aumenta para el año 2018 producto de las modificaciones propuestas en la implementación de la Tarifa Social”, cuestiona.
Para el Gobierno, el intento opositor tiene similitudes con aquella movida de fines de 2016, cuando por primera vez el grueso del peronismo K y no K y el massismo acordaron un proyecto para imponerle al oficialismo la suba del mínimo no imponible. Luego de aquel episodio, del que la Casa Rosada salió con ayuda de los gobernadores, el Presidente acusó a Massa de ser “ventajita”. “Ellos quieren otro ‘efecto Ganancias'”, dicen en Balcarce 50, en alusión al rédito político que, entienden, buscó sacar esa vez la oposición,
En relación con el gas natural apunta: “El Estado subsidia la diferencia entre el costo de abastecimiento de gas y el precio que paga la demanda, mediante transferencias a ENARSA – que realiza las importaciones por barco (GNL) – y transferencias a las empresas productoras a través del PLAN GAS, que reconoce un precio sostén a la producción de gas no convencional”.
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“Estos subsidios han representado una verdadera hipoteca para la actual administración que se encuentra en la difícil transición de actualizar tarifas de servicios públicos en un contexto inflacionario”, sostiene.
Entre las principales objeciones al proyecto consensuado por el massista Marco Lavagna y el justicialista Diego Bossio giran en torno a “la ampliación del universo de destinatarios, modificando el umbral de inclusión de 2 sueldos mínimos a tres y bonificando al 100% hasta el 80% de la energía consumida”.
“Estas modificaciones implican modificaciones incrementales en los niveles previstos de subsidios. Y, del mismo modo, el dictamen da marcha atrás con los aumentos previstos para 2018 y 2019 e impide continuar con el sendero de reducción de subsidios”, advierte.
Para el Gobierno, el aumento de tarifas “no debería suspenderse ni modificarse, ya que fueron diseñados en base a costos auditados que reflejan el desempeño de una empresa eficiente”. Y en ese punto surge otro de las diferencias con la oposición: la Casa Rosada considera “necesario que las empresas recuperen su capacidad de inversión, que a su vez permita recuperar la calidad del servicio”.
En otro tramo del documento, el Gobierno reconoce el impacto que ocasiona el aumento de los servicios públicos y del esfuerzo que debe hacer la gente ya que “durante un tiempo las tarifas deberán crecer por encima del crecimiento de los salarios, para compensar las pérdidas en la calidad de servicio de la década pasada y superar el facilismo regulatorio que se consumió el capital necesario para prestar un servicio de calidad”.
El costo fiscal, que según el proyecto deberá ser asumido íntegramente por el Estado nacional, supera largamente los 200 mil millones de pesos, según los cálculos del Gobierno.
¿Cómo se compone esa cifra? Sólo por el congelamiento de las tarifas de luz, el Estado debería reunir unos $186.600 millones: $86.600 millones por 2018 y unos $100 mil millones por 2019.
En tanto, por el gas, serían unos 40 mil millones de pesos: $15.350 millones por 2018 y $24.250 millones, en 2019.