El juez federal brasileño Sergio Moro informó que fue él quien dio a conocer públicamente el audio en el que la presidente Dilma Rousseff le informaba a su antecesor, Luiz Inácio Lula Da Silva, que le enviaba el documento con su nombramiento como ministro de la Presidencia para que lo use “en caso de necesidad”.
Se cree que Dilma tomó la determinación para que el ex mandatario pueda blindarse para no ser detenido, ya que enfrenta cargos por enriquecimiento ilícito, blanqueo de dinero y falsificación de documentos en el marco del escándalo de corrupción de la petrolera estatal Petrobras.
A raíz de la decisión de la mandataria, el magistrado decidió difundir la escucha por considerarla de “interés público”.
“El levantamiento permitirá no sólo el ejercicio de la amplia defensa de los investigados, sino también un saludable escrutinio público sobre la actuación de la administración pública y de la propia Justicia criminal”, explicó el magistrado en la decisión en la que autorizó la divulgación de las escuchas telefónicas.
Del mismo modo, indicó que “la democracia en una sociedad libre exige que todos los gobernados sepan lo que hacen los gobernantes, incluso cuando estos buscan actuar protegidos por las sombras”.
El diálogo difundido por los medios de prensa, según diferentes analistas, deja entrever que tanto Dilma como Lula estaban preocupados con la posibilidad de que algún juez ordenara la detención preventiva del ahora jefe de Gabinete antes de que fuera investido como ministro.
Tras el escándalo, el Gobierno anunció que Lula asumirá mañana mismo, lo que le permitirá contar con fuero privilegiado y sólo podrá ser juzgado por la Corte Suprema.
Sin embargo, el mismo día que se informó que el ex presidente ocuparía el cargo, el Ejecutivo emitió una edición extra del boletín oficial en la que ya quedó designado como jefe de Gabinete, anticipándose a los actos protocolares.
El juez Moro, quien reveló el audio, explicó que con este nuevo cambio en el Gobierno, enviará al máximo tribunal todos los procesos abiertos contra Lula, pero que consideró necesario levantar su secreto.
“No hay cualquier defensa de intimidad o interés social que justifique que se mantenga el secreto”, alegó el juez y reiteró que su decisión obedece al cumplimiento del principio constitucional de dar publicidad a los actos públicos.
En respuesta a la decisión de Moro, la Presidencia emitió un comunicado en el que aseguró que tomará “todas las medidas judiciales y administrativas” contra “la flagrante violación de la ley y de la Constitución de la república cometida por el juez autor de la filtración”.
En el mismo, el Ejecutivo repudió “con vehemencia” la divulgación de las escuchas, y asegura que esto “viola derechos y garantías de la Presidencia de la república”.