Una semana después de declarar inconstitucional la ley de subrogancias, la Corte Suprema de Justicia firmó un fallo que representa otro duro revés para el gobierno nacional, al ordenar que la petrolera estatizada haga público el acuerdo que selló en 2013 con la estadounidense Chevron por inversiones en el yacimiento neuquino Vaca Muerta, el segundo reservorio de petróleo no convencional más grande del mundo y eje central de las políticas energéticas implementadas desde el Poder Ejecutivo desde que se descubrió la formación en 2011.
La resolución del máximo tribunal demolió la pretensión de YPF de que no se la considere una empresa pública y se la exima de brindar información porque sus acciones cotizan en Bolsa. Ese planteo de la petrolera que dirige Miguel Galuccio había sido avalado previamente por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, pero fue revocado de manera contundente por la Corte.
Los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda coincidieron en su voto al exigir a la petrolera que difunda la información, como solicitó el denunciante, el senador Rubén Giustiniani. Elena Highton también avaló esa postura, pero se expresó en disidencia parcial, por considerar que se debe acatar el dictamen de la procuradora Alejandra Gils Carbó, quien pidió dar también intervención a Chevron.
El máximo tribunal destacó en su fallo que la libertad de información es un “derecho humano fundamental” y remarcó que “las imprecisas y genéricas afirmaciones que formuló YPF SA en la causa no eran suficientes para tener por probado que la divulgación del contenido del acuerdo pudiese comprometer secretos industriales, técnicos y científicos”.
Los jueces examinaron la situación de YPF Sociedad Anónima, que sigue cotizando en los mercados, pese a su mayoría estatal y marcó que el Estado no sólo tienen 51% del paquete accionario, sino que además ejerce “un rol preponderante” en ella y tiene “poder para determinar sus decisiones”, entre otras cosas por haber nombrado la presidenta Cristina Fernández a su gerente general, Miguel Galuccio y porque el ministro de Economía, Axel Kicillof, forma parte del Directorio.
“YPF no puede ampararse en normas destinadas a la búsqueda de eficiencia económica y operativa para evadir la obligación de garantizar y respetar el derecho de acceso a la información”, sostuvo la sentencia y subrayó que ese “derecho corresponde a cualquier persona para ejercer el control democrático de las gestiones estatales”. La causa se originó en 2013, por una denuncia de Giustiniani, ya ya tenía fallos en la justicia de primera instancia y de Cámara del fuero contencioso.
La Corte fue tajante al sostener que “la autoridad para gobernar la sociedad que ejerce el Poder Ejecutivo queda demostrada”, y añadió que al estar YPF bajo jurisdicción del Gobierno “se halla obligada a dar cumplimiento a las disposiciones del decreto 1172/03 en materia de información pública”. También tuvieron en cuenta que el decreto 530/12 que aprueba el acuerdo con Chevron, y validado por el Congreso, prevé que YPF debe “asegurar el abastecimiento de combustibles y su importancia a los efectos de garantizar el desarrollo económico con inclusión, proteger a la economía nacional de los vaivenes del precio internacional y consolidar un modelo de crecimiento”.
Para la Corte, “corresponde” el derecho de acceso a la información a cualquier persona para ejercer el “control democrático” de las gestiones estatales, para poder “cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento a las funciones públicas”. Y replicó que “la información no pertenece al Estado sino que es del pueblo de la Nación Argentina”.
Historia
El acuerdo entre Chevron e YPF se firmó el 16 de julio de 2013 y, según consignó ayer la petrolera nacional en un comunicado, generó en poco más de dos años desembolsos de la empresa estadounidense por u$s 2500 millones en el yacimiento central de Vaca Muerta, Loma Campana.
El fallo de la Corte, además de su relevancia en materia de derecho a la información, representa un duro revés al Gobierno nacional, a sólo 11 días del ballottage que definirá al próximo presidente de la Nación. Cabe recordar que el máximo tribunal, hace una semana exacta, invalidó la designación de jueces subrogantes que había impulsado el oficialismo y que había convertido en ley el Congreso.
fuente cronista.com