Así lo acordaron durante una reunión que mantuvo el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Aparicio, el subsecretario de Urbanismo Social, Ricardo Spalletti, y el equipo del intendente Raúl Othacehé, con referentes de las familias que ocuparon ese predio.
“La Provincia y el municipio analizamos con mucha responsabilidad la situación, con el diálogo que nos caracteriza para encontrar soluciones”, explicó Aparicio. Precisó que “ante todo” el objetivo fue “dar tranquilidad y resguardar la paz social para llevar adelante un accionar pacífico, en un trabajo coordinado con el Ministerio de Seguridad bonaerense”. “En este caso el camino es una vez más es el diálogo. Las viviendas en construcción deben ser desalojadas y quienes acampan tienen que tener un censo social, que vamos a llevar adelante mañana, lo que nos permitirá un principio de una solución definitiva ante la retirada de los ocupantes”, graficó.
Luego de 21 días de ocupación, el Ministerio de Seguridad provincial, Alejandro Granados, decidió poner a disposición de la Justicia a la Policía Bonaerense: trasladó a 300 efectivos de Infantería al predio ubicado en el oeste del Gran Buenos Aires, a la espera de una orden judicial que dispusiera el desalojo de las tierras.
Cuando arribaron los efectivos de Infantería, pasadas las 14.30 de este martes, algunos vecinos que se encontraban en la zona empezaron a retirar colchones, camas, maderas y elementos utilizados para la construcción precaria de las viviendas. La toma de tierras tiene dos tramos: las 60 hectáreas de terrenos vacíos y una zona lindera donde se estaban construyendo unas 340 viviendas correspondientes a un plan federal.
Por ese segundo sector, este martes el juez federal de Morón Juan Pablo Salas le pidió al gobierno provincial que impida el ingreso de nuevos intrusos y de materiales al predio tomado. En el mismo fallo, el magistrado consideró que el predio pertenece a la órbita del gobierno bonaerense, por lo que se declaró incompetente en la causa, que ahora pasó a manos de la Justicia provincial de Morón.
En tanto, continuaron los cruces entre el intendente de Merlo, Raúl Othacehé, uno de los barones derrotados en agosto, y el electo Gustavo Menéndez, quienes se señalan mutuamente como responsables de alentar la toma de tierras.
Menéndez sostuvo que le están dejando “una bomba de tiempo” en Merlo, aunque se comprometió a “desactivarla” a partir del 10 de diciembre próximo, mientras que Othacehé salió duro al cruce del intendente electo, lo responsabilizó por la toma y señaló que “está ligado a las drogas y a la delincuencia”.
fuente ambito.com