La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audivisual (AFSCA) “rechazó por inadmisibles” los pliegos que presentó Editorial Perfil para obtener dos licencias de TV Digital Abierta en mayo y declaró “fracasados” los dos concursos en los que participó la editorial.
Si bien no trascendieron los motivos, ya que el detalle del expediente recién será dado a conocer en las próximas horas, en la orden del día del 24 de septiembre, AFSCA le informó al directorio que ninguno de los pliegos fue aprobado en esos concursos.
En el primero, Perfil participó como persona jurídica y compitió contra Pensado Para Televisión Sociedad Anónima (de Cristóbal López) y Milóne Sociedad Anónima. Ninguna de las tres propuestas fue válida para el ente regulador.
En el segundo caso, el pliego fue presentado por el presidente de Editorial Perfil, Jorge Fontevecchia, que participó como persona física. El periodista competía sólo con Milone Sociedad Anónima. AFSCA informó hoy al directorio que este concurso también lo declaró “fracasado” y rechazó la propuesta del fundador de Perfil.
Por el contrario, la conducción de Sabbatella repartió licencias de TV Digital a algunos grupos mediáticos afines al oficialismo. La firma Area Digital Sociedad Anónima, del Grupo Olmos, sí recibió la adjudicación de una licencia de TV Digital. La UOCRA, del sindicalista Gerardo Martínez y Canal 26 también tendrán frecuencia en la TV Digital.
En su columna del 3 de mayo de 2015, Fontevecchia contó que la Editorial Perfil participaba de los concursos con la aspiración de producir dos canales diferentes: Perfil TV y Caras TeVé.
“Confiamos en que esta vez se les permita a los fundadores de Perfil el derecho a tener un lugar en el mundo audiovisual”, sostuvo Fontevecchia, en aquella columna. “Creemos que sería una muy buena noticia para todos, y en especial para los millones de seguidores que forman parte del universo de los medios de Perfil”, afirmó.
Por último, el CEO de Perfil consideraba la posibilidad de que AFSCA le adjudique licencias como “una buena manera para el Gobierno de demostrar que con su Ley de Medios no sólo buscó castigar a Clarín y beneficiar a empresarios amigos, contratistas del Estado o realizadores de periodismo militante subvencionados con publicidad oficial”.
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