Resulta una curiosidad o una extravagancia decirlo cuando la actividad proselitista de las 13 fórmulas presidenciales ya se encuentra, desde hace meses, completamente desplegada en todos los rincones del país. Sin embargo, para la Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral (26.571), la campaña electoral para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias nacionales comienza recién hoy y se extenderá hasta las 8 de la mañana del 7 de agosto, cuando se inicie la veda electoral.
A primera hora del viernes, la Cámara Nacional Electoral publicó el padrón definitivo. Hoy también tiene previsto designar autoridades de mesa y dar por cerrado el plazo para la aprobación de las boletas oficializadas.
En lo sustancial, poco o nada cambiará, aunque sí lo hará dentro de diez días, cuando la publicidad electoral desembarque en los medios, luego de que sea asignada por sorteo por la Dirección Nacional Electoral (DNE) cumpliendo con la ley aprobada en 2009, después de la derrota del kirchnerismo -y sus candidaturas testimoniales- en las elecciones legislativas. Se trata de la misma ley que instaló la obligatoriedad de las PASO para los cargos nacionales, además de regular cuestiones relativas al financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales, y de prohibir la contratación privada “de publicidad en emisoras de radiodifusión televisiva o sonora abierta o por suscripción” fuera de las que otorga la DNE.
Sin embargo, ya lo dice el refrán: “Hecha la ley…”. Desde comienzo de año, prácticamente todos los precandidatos han logrado escabullirse a la prohibición, echando mano a recursos como la publicidad oficial de los distritos en los que gobiernan, como también a otras herramientas más creativas, tales como lanzamientos editoriales, convenientemente publicitados. Quienes corren con el caballo del comisario tendrán como fecha límite el 25 de julio, cuando comenzará a regir la prohibición para la realización de actos públicos de gobierno.
La campaña anticipada está en la mira de la Cámara Nacional Electoral desde mayo pasado, cuando en un fallo hizo una advertencia e instó a los jueces a sancionar las prácticas ilícitas. “La publicidad fuera de plazo no solo implica un factor de desigualdad entre quienes participarán de la elección, sino que también conlleva un alto grado de opacidad respecto de la identidad de las fuentes de financiamiento en la medida en que no se declare, para conocimiento público, quiénes aportan los recursos económicos -en dinero o en especie- con los que se financia la promoción de dichos postulantes ni qué cantidades se destinan a ese objeto”, afirmó.
También los gastos de quienes fueron “bañados de humildad” están en la mira de la Justicia electoral. Legalmente, sólo los inscriptos como precandidatos están obligados a informar sus gastos, pero el presidente de la Cámara Nacional Electoral, Santiago Corcuera, dijo en abril pasado que en el caso de que los “caídos” no informen sus gastos, los imputarán a las campañas de quienes están en carrera, deduciéndolo del límite de 85 millones de pesos que pone la ley como tope para las campañas.
fuente infobae