El juez Sebastián Casanello pidió urgente información a ENARSA (Energía Argentina S.A.) sobre el destino de los 100 millones de dólares fijados en el Presupuesto Nacional 2010 para una Central Termoeléctrica en el Chaco, que nunca se construyó y por lo cual están denunciados en la Justicia la Presidenta de la Nación y el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.
El caso toma mayor proyección sobre las responsabilidades del Ejecutivo Nacional con el allanamiento judicial de ayer a las oficinas de la Epsur, propiedad del empresario “militante” Lázaro Báez. Porque es esa misma empresa la que lideró la Unión Transitoria de Empresas (UTE) favorecida con la licitación de la Central Termoeléctrica en cuestión, cuya millonaria financiación estatal aún se desconoce quién la cobró.
La denuncia había sido presentada el 10 de octubre de 2014 por el ex funcionario nacional, Horacio Quiroga Torán, con el patrocinio del penalista Jorge Vitale ante el juzgado federal n°7 de Sebastián Casanello, causa 10149/14. La carátula es por “Administración fraudulenta de fondos públicos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos”.
Quiroga, por ser entonces presidente de dos empresas petroleras de Báez, había intervenido en las negociaciones que incluyeron la compra de otras tres plantas más, del mismo valor, dos de la cuales se iban a levantar en la provincia de Santa Cruz. La denuncia de Quiroga, no obstante, remite exclusivamente a la Planta Termoeléctrica para la provincia del Chaco.
La Unión Transitoria de Empresas de Energía (UTE) adjudicataria de las obras en el Chaco estaba integrada por Epsur S.A., Misahar S.A., New Energy S.A. y Sultzer S.A. , una empresa europea relevante en la materia . En tanto, el empresario Báez tiene la mayoría de acciones de Epsur S.A., cabeza de la UTE. En el 2010, a esta UTE le fueron adjudicadas cuatro centrales termoeléctricas por el Ministerio Federal de Planeamiento, incluyendo la chaqueña a un costo de u$s 100 millones cada una.
El 31 de diciembre de 2010 debía haber comenzado la construcción de la Planta chaqueña. Esta obra había sido *perfectamente licitada y adjudicada* y fue registrado en el presupuesto nacional 2010 con la partida correspondiente, dato documenatado en la presentación judicial.
Por entonces, el gobernador del Chaco era Jorge Capitanich y él se encargó de comprar un terreno a Tamet, para un parque industrial a orillas del río Barranqueras. Allí estaba prevista la construcción de un tancaje de 22.000 toneladas, que iba a servir a la provisión de pequeñas centrales de Impenetrable y Formosa. Datos que evidencian la existencia de estas obras y certifican la financiación “desaparecida” lo que refuerza la prueba también de un presunto lavado de dinero.
El denunciante Quiroga, hace poco más de un año había revelado y ratificado ante escribano que el empresario Báez recibía órdenes e indicaciones del ex-presidente Néstor Kirchner. Y también dio testimonio ante Casanello de haber haber visto cuando sobre una mesa contaban siete millones de dólares que, según dijo, Kirchner había prestado a las empresas de Báez. Esta referencias podría confirmar el origen de los 7,5 millones de dólares cuya documentación fue hallada en el mencionado allanamiento que realizó el mismo magistrado
fuente caraycecaonline.com.ar