La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados aprobó ayer iniciar un proceso investigativo sobre el juez de la Corte Suprema Carlos Fayt para evaluar si “en virtud de su avanzada edad se encuentra afectada su capacidad para el ejercicio de la magistratura”. Fue con los votos de la mayoría kirchnerista y luego de que toda la oposición rechazara la iniciativa por considerarla estigmatizante y antirreglamentaria. Acto seguido, y con la misma correlación de fuerzas, el cuerpo dispuso el pase a archivo de los pedidos de enjuiciamiento contra la procuradora Alejandra Gils Carbó, el canciller Héctor Timerman y el vicepresidente Amado Boudou.
A diferencia de otros temas, en los que las comisiones aprueban y firman dictámenes de mayoría y, generalmente, también de minoría; en este caso sólo se votaron los informes de la presidenta del cuerpo, Anabel Fernández Sagasti. La mendocina leyó primero el pedido de investigación sobre Fayt y luego los pases a archivo. El tecnicismo de evitar los despachos de comisión se explica porque éstos deben, una vez aprobados, llegar al recinto. Los informes, no. De esta forma, tanto el caso del juez como los pedidos de juicio político archivados no necesitarán ser refrendados en una instancia legislativa superior.
Fernández Sagasti fundamentó el pedido de investigación en la avanzada edad de Fayt, de 97 años; en la necesidad de “velar por que quienes son llamados a ejercer funciones de trascendencia institucional se encuentren en condiciones psíquicas y físicas de responder”; y en que podría haber mal desempeño de sus funciones si se demuestra “que no se encuentra en condiciones”. Y propuso –y la comisión aprobó– citar a 14 testigos, entre ellos el periodista Horacio Verbitsky, los tres secretarios privados de Fayt y su chofer; además de pedir el “audio completo sin editar” del reportaje radial que el juez concedió el último fin de semana a Radio América; y solicitar una pericia caligráfica sobre la firma del magistrado en las sentencias de 2013, 2014 y 2015.
“No pretendemos poner en duda su trayectoria ni honorabilidad, sino tan solo corroborar sus capacidades y habilidades”, explicó la diputada, quien se reservó en el informe aprobado la potestad de “requerir la producción de toda otra medida de prueba que resulte idónea al desarrollo de la investigación”.
La oposición rechazó la propuesta por considerar que la comisión no está facultada para investigar sin el paraguas de un pedido de juicio político previo. “Al no existir tal pedido, no es competente esta comisión para resolver las medidas de prueba”, sostuvo el macrista Pablo Tonelli, quien consideró que “la única imputación que se le hace (a Fayt) es ser viejo y eso no es causal de juicio político”. La misma postura compartió el massista Alberto Asseff, quien consideró que el oficialismo apunta con la decisión a “desestabilizar a la Corte”.
El jefe del bloque radical, Mario Negri, cuestionó además que el puntapié inicial de la investigación fuera una nota presentada ante la comisión por el actual jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, cuando era senador, en diciembre del año pasado. “Se ha vencido el año parlamentario para tratarlo. Estamos debatiendo sobre la nada. ¡Por lo menos le hubiesen pedido que presente una nota dentro de este año!”, se quejó. Ese argumento fue el único que no fue respondido por el oficialismo, que de todas formas avanzó sobre Fayt. “No se animan a plantear lo que quieren, que es el juicio político”, completó Manuel Garrido, que consideró “discriminatorio” y “estigmatizante” el pedido kirchnerista.
Le respondió Diana Conti. “Seríamos irresponsables si no atendiéramos lo que es un rumor a cuatro voces. No importa que tenga 97 años. Tuviera la edad que tuviere, por alguna razón no concurre a los debates de la Corte Suprema. No sabemos si su voz está cooptada por sus asesores, lo que es inconstitucional, o por los otros miembros de la Corte”, enfatizó.
fuente cronista.com