Desde que fue ratificada, la denuncia de la ONG Fútbol en Paz contra el dirigente kirchnerista Luis D’Elía por financiar a la barra brava de All Boys no avanzó. La acusación surge a partir de uno de los 40 mil audios en los que Alberto Nisman basó su denuncia por encubrimiento a Irán en la causa AMIA. Y el expediente quedó en las manos de la jueza Fabiana Palmaghini y la fiscal Viviana Fein, las mismas que están a cargo de la investigación por la muerte del fiscal.
“Hace dos semanas fui a ratificar la denuncia, pero no tuve más novedades”, advirtió a Infobae el abogado Juan Manuel Lugones, coordinador de Fútbol en Paz.
Aunque es consciente de que buena parte de los recursos de la Fiscalía Criminal de Instrucción N°45 están avocados a investigar la muerte de Nisman, Lugones cree que Fein debería tomar una decisión en el expediente que tiene a D’Elía como protagonista. “Lo imputa o no lo imputa. Y si considera que podría haber un delito configurado, debería citarlo a declarar por lo menos”, reclamó.
En concreto, Fútbol en Paz acusa a D’Elía de haber violado el artículo 5 de la Ley de Espectáculos Deportivos, que reprime con prisión de 1 a 6 años a quien “instigare, promoviere o facilitare de cualquier modo, la formación de grupos destinados a cometer alguno de los delitos previstos” en la norma.
Lugones es el autor del libro Barrabravas para todos, en el que desnuda, entre otras cosas, que decenas de hinchas violentos se capitalizan con planes sociales. “Todos sabemos que la política le da cuerda a las barras, pero en el caso de D’Elía hay un reconocimiento expreso”, explicó.
La afirmación del abogado se basa en una escucha telefónica en la que D’Elía admite que contrató por 25 mil pesos a la barra brava de All Boys, conocida como “La peste blanca”, para que trabaje en un acto que encabezó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el 8 de mayo de 2013, en el estadio del club de Floresta.
fuente infobae