La aparición sin vida del fiscal Alberto Nisman no solo trastocó aún más el escenario político de un año dominado por las elecciones. También puso de relieve una cruenta guerra de espía y la necesidad de reformar la ley de Inteligencia. Sin embargo, los cambios propuestos por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner desataron inéditos reparos de sectores oficialistas como Carta Abierta y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
La Biblioteca Nacional fue, una vez más, la caja de resonancia de las voces de intelectuales cercanos al kirchnerismo que levantaron objeciones a los cambios de la Inteligencia impulsados por el Ejecutivo. El propio secretario de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional, Ricardo Forster, pidió “debate” y manifestó su intención de que “se incorporen cosas que no están en las propuestas” que giró la Casa Rosada al Congreso.
En diálogo con La Nación, Forster dejó entrever el peso que habría tenido la muerte del fiscal en los cambios: “Los tiempos políticos son parte de la propia realidad y lo de Nisman puede haber influido para la reforma”, reconoció.
El filósofo no se mostró conforme con las reformas propuestas por Olivos, que buscan ordenar “La Casa”, como se conoce al edificio de la Secretaría de Inteligencia. Forster adelantó que la próxima carta abierta -que podría salir el próximo domingo en Página 12- exigirá cambios a la reforma de la ley de inteligencia. “Tiene que haber un debate y se tienen que incorporar cosas que no están en la propuestas del Poder Ejecutivo”.
En la misma línea se ubica el periodista y titular del CELS, Horacio Verbitsky, quien advirtió que los cambios “no resuelven los graves problemas de fondo”.
El periodista de Página/12 ya había expuesto sus críticas a la propuesta en la comisión de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado. Sin embargo, la carta difundida por el CELS va al hueso: “No logra cumplir con uno de los aspectos centrales: transparentar el sistema de utilización de fondos reservados de Inteligencia y facilitar el acceso a información por los jueces en casos de investigaciones criminales”.
A su vez, la organización, que también había sido muy crítica el año pasado ante la reforma judicial K y la designación de César Milani al frente del Ejército, reclamó despojar a la Inteligencia de su papel de auxiliar de la Justicia que, según el CELS, “alimentó la relación promiscua con sectores importantes de la justicia federal”.
“La propuesta no modifica el artículo 4 de la ley 25.520 vigente, que permite que la agencia de inteligencia realice investigaciones criminales a pedido de un juez”, señaló en un comunicado el Centro de Estudios Legales y Sociales.
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