Pero también echó luz sobre las causas de corrupción que complican a funcionarios kirchneristas e hizo visible una estela de denuncias contra la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, acusada de pretender interferir con sus fiscales para proteger a oficialistas o atacar a opositores. Ricardo Sáenz es uno de los arietes en este enfrentamiento contra su jefa: fiscal ante la Cámara del Crimen y vicepresidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional en representación de los fiscales, es uno de los promotores de la batalla judicial para impedir que asuman 18 fiscales suplentes nombrados en todo el país por Gils Carbó, previstos por el Código Procesal Penal, cuando aún faltan leyes para que entre en vigencia.
Sáenz, de 54 años, cree que el enfrentamiento incidirá en la campaña electoral de este año, en la que una de las banderas será la lucha contra la corrupción; critica a los candidatos por no preocuparse por este tema, y cree que, si no se frenan las designaciones de nuevos fiscales, el próximo gobierno va a actuar condicionado. “Se va a encontrar con un sistema judicial cooptado por gente que no está dispuesta a investigar ciertos hechos de corrupción. Creo que la agenda de este año y la agenda electoral de la Argentina van a tener que ver mucho con la corrupción”, explica. Sáenz fue uno de los que apoyaron a Gils Carbó cuando fue designada hace dos años con acuerdo de kirchneristas y opositores en el Senado, pero ahora dice estar decepcionado.
Y señala que la guerra hizo perder de vista que los fiscales están de acuerdo con el nuevo Código Procesal Penal, que reclaman desde hace 30 años.
-¿Hay una guerra entre un sector del Poder Judicial y el Gobierno?
-Es una forma periodística de expresarlo, pero no creo que sea así. Hay fiscales y jueces que están cumpliendo su función de investigar. Me podrán decir que antes dilataron las causas y que ahora se animan porque estamos ante un fin de ciclo. Lo que sea, pero si un juez está investigando a un funcionario, no pueden gritarle desde el Gobierno que está dando un golpe institucional o que es corporativo. Eso es una interferencia que la Constitución prohíbe expresamente. Al revés: se están desarrollando expedientes judiciales donde hay una defensa corporativa, como sucede, por ejemplo, con el fiscal Carlos Gonella, de la Procelac. Porque la defensa corporativa no la hace la Justicia, sino la Procuración.
-Si no es una guerra, ¿por qué ahora los avances de los casos de corrupción, cuando tuvieron diez años para hacerlo? ¿Hay intencionalidad de condicionar al Gobierno?
-En parte puede ser acertada la crítica de que hubo demoras. Pero se está haciendo ahora. Que algunos jueces hayan sido remolones en hacer investigaciones y hayan acelerado ahora no quita que el Gobierno le tire un camión encima a cada juez que investiga. Por eso cobraron tanto impulso las asociaciones, porque el juez, individualmente, no puede contestarle al jefe de Gabinete que cada mañana lo acusa de hacer un golpe de Estado institucional. Las asociaciones son las que responden, y por eso el recurso de amparo de ahora o el ruido que provocó la dura declaración de la Asociación de Fiscales.
-¿Este conflicto enfrenta dos concepciones de entender la Justicia? ¿Los jueces conservadores contra los funcionarios progresistas?
-En parte, pero además hay jueces y fiscales que están investigando hechos de corrupción de funcionarios del actual gobierno y eso no les está gustando. Yo no estoy de acuerdo con que nos tilden de conservadores porque hace muchos años que estamos acá. El programa constitucional de 1853 indica que los miembros del Poder Judicial y los fiscales no se eligen cada cuatro años por el voto democrático. Y esto es así porque la independencia de criterio está asegurada por la inamovilidad en el cargo. No se puede someter a un juez o a un fiscal a que revalide su cargo cada 4 años, porque eso lo hace excesivamente vulnerable. Si ser subrogante es ser vulnerable y manejable por el poder, lo mismo ocurriría con los jueces y fiscales titulares si no tuviéramos inamovilidad. Pero eso no nos convierte en conservadores. Hace 21 años que soy fiscal de cámara y seis de primera instancia, y eso no me convierte en conservador. En cambio, los nuevos fiscales son noveles muchachos y chicas que vienen con muy poca edad y muy poca experiencia a ocupar cargos muy importantes. Esta gente joven que viene con ese ímpetu encontró un canal en Justicia Legítima.
-En Justicia Legítima confluyen muchas personas con una idea del funcionario judicial muy encomiable y deseable. ¿Por qué oponerse a esa visión?
-Nunca vino a verme nadie de Justicia Legítima a proponerme conversar sobre estas ideas. En cambio, se pusieron en la otra vereda y decretaron que los que no están ahí y los que no fueron a la reunión fundacional de la Biblioteca Nacional de febrero de 2013 somos corporativos, pro Clarín, pro Sociedad Rural, pro dictadura o pro corporaciones económicas. Lo que decretaron no es la realidad. Si no se busca generar un consenso para cambiar una institución como la Procuración, no se va a cambiar nada.
-¿Compartiría algunas de las críticas de Justicia Legítima sobre el funcionamiento del Poder Judicial?
-Por supuesto. ¿Quién no está de acuerdo en democratizar? ¿Quién no está de acuerdo con un Código acusatorio? Pero la discusión no se generó por el contenido del Código, sino porque Gils Carbó cubrió los cargos allí contemplados con subrogantes. Eso nos hizo perder de vista que estamos todos de acuerdo en el nuevo Código Procesal acusatorio.
-El argumento del kirchnerismo es que los jueces se oponen al Código porque les quita poder?
-Eso es falso, porque nosotros, los fiscales, sí estamos de acuerdo con ese Código, lo pedimos hace 30 años. Nos oponemos a las designaciones. No queremos que se tomen los nuevos cargos creados con designaciones de subrogantes, cuando el nuevo Código aún no está en vigor.
-¿Qué les critican a las designaciones?
-Esos cargos están previstos en un Código que no tiene leyes de implementación, necesarias y contempladas en el mismo Código; no existe una reforma de la ley del Ministerio Público ni una comisión bicameral para trabajar en la implementación. No hay fecha de entrada en vigencia de esta norma e igualmente se cubren los cargos con subrogantes.
-¿Por qué cree que lo hace la procuradora?
-Para intervenir concretamente en las causas en trámite, y las únicas que le pueden interesar son las de corrupción. A estas alturas no tengo ninguna duda.
-¿Qué intencionalidad hay en eso?
-Por lo menos intervenir. No hay que perder de vista que se crearon dos cargos importantes de fiscales ante la Cámara Federal de Capital, donde tramitan todas las causas de corrupción de funcionarios nacionales.
-¿Por qué son importantes esos cargos?
-La función de esos fiscales de Cámara es controlar el trabajo de los fiscales de primera instancia. Si un juez sobresee a un funcionario y el fiscal apela, el fiscal de Cámara puede desistir de esa apelación. Si lo hace, el sobreseimiento del funcionario queda firme. Poner al lado de Germán Moldes, que hace 20 años es el fiscal de Cámara, a otros dos fiscales no tiene otra explicación que intervenir en un tercio de las causas de corrupción. Además, trajeron a dos fiscales de Justicia Legítima. Uno de
Bahía Blanca, Miguel Palazzani. Y el otro es Miguel Ángel Osorio, que por más que diga que nunca tomó ni un café con Zannini, podés preguntar a todos los plateístas de Boca si no lo ven comiendo hamburguesas con él todos los domingos en que Boca juega de local. Son dos fiscales que claramente están alineados y esto hace que Moldes pase a tener el 33 por ciento del control de las causas de corrupción del país, cuando hoy tiene el 100 por ciento.
Bahía Blanca, Miguel Palazzani. Y el otro es Miguel Ángel Osorio, que por más que diga que nunca tomó ni un café con Zannini, podés preguntar a todos los plateístas de Boca si no lo ven comiendo hamburguesas con él todos los domingos en que Boca juega de local. Son dos fiscales que claramente están alineados y esto hace que Moldes pase a tener el 33 por ciento del control de las causas de corrupción del país, cuando hoy tiene el 100 por ciento.
-¿Qué pretenden con los amparos que presentaron?
-Que un juez resuelva que son ilegales las designaciones de fiscales subrogantes en las cámaras de todo el país y de dos fiscales de primera instancia. Y como la asunción se producirá el 2 de febrero, nos damos cuenta de que es una urgencia que amerita hacer una acción de amparo con una medida cautelar para impedir que los fiscales subrogantes ocupen los cargos.
-¿Tienen señales de cómo les va a ir?
-Somos muy optimistas. Uno no puede modificar una institución sin consenso. La gente en las fiscalías se siente ninguneada, ve que no puede ganar en un concurso o tener mejor suerte si no pertenece a Justicia Legítima. Nosotros apoyamos el nombramiento de Gils Carbó. Yo la apoyé públicamente.
-¿En qué lo decepcionó?
-En que se rodeó de gente sin experiencia, la asesoraron mal y generaron esta situación. Crearon estructuras en la Procuración, un Ministerio Público paralelo. Hasta en el área de comunicación se refleja que lo único importante institucionalmente es la tarea que hacen estas procuradurías creadas ahora y lo que hacemos los fiscales no existe. No se refuerza a la gente que trabaja en las fiscalías, sino a la gente de la Procuración, que es una superestructura que no vimos nunca. Con contratos y una cantidad de gente que no sabemos de dónde viene ni qué va a hacer cuando esto baje un poco.
-Pero desde la Procuración se abrió un sistema de acceso democrático para transparentar los nombramientos?
-No se aplica ni en la Procuración, ni en la Defensoría, ni en la Corte. Sólo en las fiscalías, donde yo no puedo nombrar a un empleado de mi confianza. Tengo que acudir a una bolsa de gente que ellos me dan y entrevistarlos. Hubo gente que se sienta y te dice: “Soy estudiante de ingeniería, pero me conviene el horario”. Mientras, la procuradora puede nombrar con grandes sueldos y cargos a las personas que ella quiera.
-¿Cómo fue la relación entre el Poder Judicial y el Gobierno en esta década?
-En el fuero ordinario trabajábamos normalmente hasta que con Righi empezaron los traslados de fiscales. Yo me opuse. Los traslados no los inventó Gils Carbó, sino Righi. Cuando se ve con sorpresa ahora que nombran en Capital a un fiscal designado para Santiago del Estero, Salta, La Pampa o Bahía Blanca, hay antecedentes. Cuando el Senado designa un fiscal le da un acuerdo para un determinado lugar territorial y no puede cambiarse por decisión administrativa. Esto no se puede hacer con los jueces ni con los fiscales.
-¿Afecta este conflicto la campaña electoral?
-Sí, la va a afectar, va a incidir. Hay un sector de la clase media argentina a la que le importa bastante qué pasa con la independencia de la Justicia, y me sorprende que los candidatos presidenciales no se pronuncien sobre este tema. Aparecen en las fotos en la costa y por lo que dicen parecen candidatos a presidente de otro país.
-Bueno, Masa pidió el juicio político de Gils Carbó…
-Massa se pronunció recién ahora.
-Y desde el kirchnerismo acusan a los jueces y fiscales de actuar fogoneados por Massa por conveniencia electoral.
-Ésa es otra estrategia que se persigue, y esto lo practica desde el principio Justicia Legítima. Consiste en deslegitimar las investigaciones judiciales porque implica tomar una posición contraria al Gobierno. O sea, si Bonadio investiga la causa de Hotesur es porque quiere oponerse al Gobierno. No es así. El juez investiga porque salió sorteado por una denuncia y el fiscal Stornelli impulsó la acción.
-¿En qué medida condicionará el conflicto al próximo Gobierno?
-Si no logramos frenar estas designaciones de fiscales, se empiezan a ocupar estos lugares y se interfiere en las causas en trámite, el próximo Gobierno se va a encontrar con un sistema judicial cooptado por gente que no está dispuesta a investigar ciertos hechos de corrupción. Creo que la agenda de este año y la agenda electoral de la Argentina van a tener que ver mucho con la corrupción y la transparencia.
-¿Puede haber algún saldo positivo para la gente en esto?
-Sí, va a terminar bien. Vamos a volver a la legalidad, a un país en que un ciudadano argentino sólo puede ser investigado por un fiscal si tiene acuerdo del Senado y no que sea un muchacho o una chica que viene de la Procuración con un papel que dice que lo designaron fiscal ad hoc un día antes. Tenemos que volver a un Ministerio Público de la legalidad.
-Esta polarización que se da hoy, ¿sobrevivirá al kirchnerismo?
-Va a llevar un tiempo volver a su cauce. Creo que cuando cambie el gobierno las cosas se van a ir acomodando. Por supuesto, va a haber sectores que critiquen y que digan que representamos a la corporación y la familia judicial. No entiendo cómo los políticos apoyan esas posiciones cuando la mayor corporación en la Argentina es la política.
-¿Qué aspectos importantes del conflicto quedaron fuera del debate público?
-Es un tema árido para explicarlo a la gente, pero el acento hay que ponerlo en la necesidad de tener un Poder Judicial independiente. Lo único que le garantiza a la gente tener una solución para sus conflictos de acuerdo con la ley es que el juez y el fiscal que le toquen sean independientes y no que estén nombrados por adherir a un movimiento político.
-¿Qué le cambia esta pelea al ciudadano de a pie?
-En este momento los ciudadanos argentinos están siendo investigados, acusados y llevados a juicio por fiscales que, en muchos casos, no tienen los requisitos que exige la Constitución y la ley. Estos fiscales pueden servir tanto para beneficiar a los amigos como para perjudicar a los que no son amigos.
MANO A MANO
Techie, informal y en plena batalla
Ricardo Sáenz es un fiscal techie. Fanático de la tecnología, tiene su propia página web (www.ricardosaenz.com.ar) y usa Twitter desde hace casi 4 años (@saenzricardo). Revisa los diarios en su iPad, anda de mochila y mocasines. Cuando está en funciones elige el traje, pero nunca con corbata. Tiene 54 años, una hija médica, y presidió en dos períodos, hasta 2010, la Asociación de Fiscales. En su despacho tiene un lugar de privilegio la comunicación donde lo nombraron fiscal federal de primera instancia, firmada por Ricardo Recondo en 1987, ahora presidente de la Asociación de Magistrados, y entonces subsecretario de Justicia de Raúl Alfonsín. Trabajó en la Corte, donde colaboró en la elaboración del voto que confirmó las condenas a los ex comandantes por la causa XIII y en su fiscalía de cámara intervino en casos resonantes, como el que dejó preso al portero Jorge Mangeri. En estos días viste de sport, pero con el casco puesto. Firmó el amparo contra las designaciones de fiscales subrogantes que hizo su jefa y no se fue de vacaciones. Sigue su pelea en Buenos Aires, en plena feria judicial.
UN FU
TURO POSIBLE
TURO POSIBLE
¿Cómo afectará este conflicto con los fiscales designados a la Procuración?
Tenemos la esperanza de que los nuevos fiscales designados no asuman. Pero por la dinámica que está cobrando el propio conflicto -con denuncias de espionaje contra la Procuración e intervenciones policiales-, los mismos actores vemos que no se puede manejar. Es preocupante. No sabemos cómo va a terminar, sobre todo porque hay causas con funcionarios que investigados que se van a empezar a mover. En todo este conflicto hay un daño que se le ha hecho a la Procuración como institución. En los últimos tres meses, una comisión policial fue cuatro veces a la Procuración a buscar documentación en una causa penal en su contra. Eso no lo habíamos visto nunca. Están pasando cosas que no pasaban antes y eso provoca daño institucional.
Veo que la gente en Twitter o en las redes sociales alienta y apoya cuando hablamos de combatir la corrupción, y creo que es un conflicto que va a ir en paralelo con la campaña electoral y va a tener influencia en cómo se desarrolle, porque se investiga a mucha gente influyente del Gobierno.
fuente lanacion