El juez Ariel Lijo decidió allanar la Municipalidad del Partido de la Costa, en Mar del Tuyú, para buscar documentación vinculada a la denuncia contra el vicepresidente Amado Boudou, imputado desde ayer por el manejo de fondos para un plan de viviendas que se realizó en el Municipio de la Costa, confirmaron a Clarín fuentes judiciales.
La causa se inició por una denuncia del concejal del Partido de la Costa Marcos García, quien esta mañana ratificó su denuncia ante el magistrado. El vice está acusado de “maniobras fraudulentas” cometidas con fondos del Plan Federal de Viviendas para la construcción de 484 casas y dos escuelas en el Partido de la Costa. Las irregularidades ocurrieron cuando Boudou era secretario de Hacienda de ese municipio.
La investigación también alcanza al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, al intendente actual de esa municipalidad, Juan Pablo De Jesús y al padre de este último, Juan De Jesús, ex intendente y actual diputado provincial del Frente para la Victoria en la Legislatura bonaerense.
“Aportamos nuevos datos y documentación y ofrecimos testimoniales de personas que tenían que hacer el control de la obra por parte de la Municipalidad. También ofrecimos información sobre las conexiones entre la empresa Cantera y Boudou”, le dijo este mediodía a Clarín el concejal García luego de ratificar la denuncia con el patrocinio del abogado Ricardo Monner Sans.
Según la denuncia, el presupuesto original fue de 20 millones de pesos y luego se amplió en seis millones más. A pesar de haberse pagado en 2007 casi la totalidad del contrato a la empresa Cantera, las dos escuelas y la mayoría de las casas nunca se terminaron. “La gente nunca va a tener escritura porque no hay final de obra”, aseguró García.
Ayer, el fiscal federal Gerardo Pollicita imputó a Boudou (ya suma tres en total) y al resto de los funcionarios denunciados por los posibles delitos de violación de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta, cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y exacciones ilegales.
fuente clarin